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Los trabajadores de Alcoa protestan en Nigrán: "Fuera yankis, pandilla de mangantes"

Medio centenar de trabajadores de la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) se han concentrado ante el Pazo de Cea en Nigrán (Pontevedra), donde están reunidos directivos de Alcoa y sindicatos, para reivindicar el mantenimiento de su empleo con consignas tales como "fuera yankis, pandilla de mangantes", "queremos trabajar y no emigrar" y "si no hay solución, gobierno dimisión".

Son tantos los empleados como los efectivos de la Guardia Civil desplegados en la zona, en una jornada tensa que arrancó a las nueve y media de la mañana de este lunes con la última reunión de la mesa multilateral en la que se constató que la dueña no quiere vender a Alliance GFG (Liberty House), que era un potencial comprador, y tampoco a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ese encuentro telemático, la multinacional americana mantuvo la convocatoria en Nigrán, a 280 kilómetros del ayuntamiento de Cervo, donde está asentada la fábrica, de la asamblea preceptiva para avanzar en un ajuste de empleo.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha lamentado en esta segunda convocatoria, que todavía prosigue, tras un receso de hora y media para comer, que Alcoa condicionase a "despidos firmados" la ampliación de un hipotético entendimiento con la SEPI para una eventual transacción sin que de ello tuviese constancia alguna la plantilla.

"No se puede negociar de este modo", ha recriminado Zan, y ha añadido que, si es preciso, haya una intervención, toda vez que la autoridad laboral, -ha dicho-, ya ha remitido dos requerimientos a Alcoa para que deje la "mala fe".

En la reunión de Nigrán hay un único punto en el orden del día, que es la negociación de las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y, en caso de que no haya acuerdo entre las partes, la aplicación de un ERE -un despido colectivo- que podría afectar a 534 trabajadores de la fábrica de aluminio primario, así como a los empleados de las compañías auxiliares.

Es por ello que el comité de empresa sigue reclamando al Gobierno de España que, llegado el caso, intervenga la fábrica mariñana para evitar su cierre, pues creen que la propuesta de Alcoa pasa por realizar una “hibernación ordenada de las cubas de electrolisis”, una “línea roja” que este órgano no está dispuesto a traspasar.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que las cubas de electrolisis son el verdadero “corazón de la fábrica”, de modo que su parada supondría la “muerte” del complejo industrial.

Es más, el comité insiste en que cualquier acuerdo debe cimentarse sobre la premisa “de mantener el 100% de la producción” y, consecuentemente, de los puestos de trabajo.

Alcoa vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las mismas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

Este grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.

El complejo industrial de San Cibrao, asentado entre los municipios mariñanos de Xove y Cervo, el único que le queda a Alcoa en España, está compuesto por una fábrica de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente, y su peso en la economía local es de tal envergadura que representa un tercio del producto interior bruto de la provincia de Lugo.

Después de años de tiras y aflojas, generalmente provocados por el precio de la energía, que en el caso de las industrias electrointensivas representa un porcentaje muy elevado de los gastos de explotación, Alcoa comunicó el pasado 28 de mayo al comité de empresa de la fábrica el inicio de un período de consultas para el proceso de despido colectivo.

Ahora, meses después, ha indicado que la venta resulta imposible por "demandas poco razonables".

Así las cosas, según el acuerdo alcanzado el 13 de agosto con los representantes de los trabajadores, que fue avalado por el Gobierno y la Xunta, la empresa se reúne hoy con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o, a falta de acuerdo sobre un ERTE, la aplicación del mencionado despido colectivo permanente. 

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