Los exalcaldes Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández y el exconcejal Antonio Comesaña tendrán que responder ante el magistrado 18 años después de la concesión del contrato de recogida de basuras. Las conclusiones obtenidas por Fiscalía en la instrucción que comenzó en 2014 indican que el contrato formalizado durante el mandato de PP-PINN incurrió en una supuesta manipulación a cambio de “mordidas”, y se enfrentan a delitos de cohecho y prevaricación con multas económicas, inhabilitación y penas de cárcel. Dado el número de imputados, la celebración del juicio estaba prevista en varios días, en concreto entre el 26 y el 30 de septiembre en la sala de lo Penal 2 de Vigo. Sin embargo, la decisión adoptada por la titular de la sala ayer jueves deja la vista en el aire al declarar la falta de competencia objetiva. En el auto emitido acordó remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial, que será la encargada de llevar el procedimiento y de concertar una nueva fecha.
Según explica el escrito de la acusación pública, Alfredo Rodríguez, que ocupaba el cargo de regidor en 2004, se habría reunido con los concejales del partido independiente PINN, Avelino Fernández y Antonio Fernández, para amañar el contrato de la recogida de basura. Para ello el regidor elaboró el mismo los pliegos y estableció un plazo de 30 días para que las candidatas a optar a la gestión del servicio presentasen sus ofertas, además según indica se contrató a una consultora externa que redactó un informe que favoreció a Cespa. El alcalde habría contado con el apoyo de los dos ediles, dos funcionarios, el ingeniero municipal y personal externo para llevar a cabo su propósito.
Fiscalía mantiene que a cabo de la concesión por un plazo de 16 años, la empresa entregó una comisión al alcalde de 102.173 euros, más de 88.000 al portavoz de PINN, Avelino Fernández, y 7.409 euros a su compañero de grupo. Otra de las condiciones para materializar el acuerdo pasaría por el alquiler de varios locales, que Cespa asumió por unas rentas anuales previamente acordadas, “desproporcionadas”, y de las que eran copropietarios la mujer de Antonio Fernández y otros dos funcionarios, además de otro perteneciente a Avelino Fernández. En total, 16.560 euros anuales por los primeros y que según indica se resolvieron en 2011 aunque posteriormente se siguió pagando el alquiler, mientras que por el último se fijó un canon anual de cerca de 58.000 euros que todavía sigue vigente.
La defensa de los acusados defiende la legalidad en la adjudicación del servicio
Tanto la defensa del líder de PINN, Avelino Fernández Alonso, como su compañero de grupo que posteriormente formó el grupo UCN, Antonio Fernández Comesaña, aseguran que el procedimiento se llevó a cabo de manera regular y su principal baza es que la instrucción que comenzó en 2014 llegue 18 años después de la adjudicación y que este hubiese prescrito hace 10. Comesaña además cuestiona las conclusiones obtenidas por Fiscalía al respecto y mantiene que se basan ‘sospechas’ al no existir ingresos injustificados. “Tanto mi mujer y yo fuimos objeto de una inspección por Agencia Tributaria en 2005 y 2006 y no encontraron irregularidades”, manifiesta, mientras que en este sentido el abogado del portavoz del partido justifica los más de 88.000 euros de la supuesta ‘mordida’ como movimientos empresariales avalados por informes. “Es una maldad sin ningún tipo de sentido”, concluye.
Comesaña también negó los sobreprecios en los alquileres algo que explica en el escrito de su defensa con una tabla comparativa, mientras que el letrado reitera que su cliente no estuvo presente en reunión alguna con el resto de los acusados celebrada supuestamente para manipular el proceso, es más, mantiene que la relación con el resto de miembros del gobierno no era buena y que se mantenía al margen de todo. Para rematar, Antonio Fernández, calificó la tramitación de ‘impecable’. “Contaba con los informes favorables tanto del Interventor como del Secretario, la consultora externa se contrató porque era ‘especialista en la materia’ al tratarse de un procedimiento muy complicado”, declara al tiempo que puntualiza que “de ir en contra de los técnicos, sí se estaría incurriendo en prevaricación”.
Prevaricación, cohecho y cooperadores necesarios
Por todo lo expuesto anteriormente el Ministerio Fiscal atribuye de inicio un año de prisión para Alfredo Rodríguez por un delito de cohecho, 10 de inhabilitación, una multa de 50.000 euros, la misma que para el que era delegado de Cespa, Jorge González Díez, que se enfrenta a las mismas penas que los políticos. Para Antonio Fernández, un año de prisión, 5 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa y a su esposa, un delito de cohecho al igual que a los funcionarios jubilados, Eloy Rodríguez y Álvaro Fernández, además de 12 meses de prisión. Al ingeniero municipal, Antonio Pérez Collazo, prevaricación y también al ingeniero de la consultora externa que no podrá ejercer durante un plazo de cinco años. Asimismo Fiscalía también atribuye a la media docena de acusados el delito de cooperador necesario.
La concesión del servicio de recogida de basura y de limpieza de viales adjudicado a Cespa en 2004 tenía una validez de 16 años,sin embargo lleva 24 meses prorrogado sin que por el momento haya noticias de que vaya a convocarse un nuevo concurso. Precisamente se estaba trabajando en la actualización de los pliegos, que no contemplaban actuaciones en viales y zonas residenciales de nueva construcción, además de un servicio deficiente en el caso de la recogida selectiva, lo que provoca que los contenedores de colores desborden con relativa asiduidad.
