Protestas en los campus por el temor a una competencia “desigual” y con grados repetidos
La Universidad de Vigo se unió ayer a las concentraciones que se celebraron de forma simultánea en los siete campus gallegos en defensa del sistema universitario público y contra la creación de la primera universidad privada en Galicia.
La protesta fue convocada por la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública formada por las organizaciones sindicales CIG, CCOO y UGT y las estudantiles Erguer, Anega, Acción Universitaria y Sindicato de Estudantes.
También los tres rectores gallegos manifestaron públicamente el apoyo a estas demandas en un comunicado conjunto en el que sostienen que “no existe la necesidad de nuevas universidades en Galicia” y demandan más apoyo para el Sistema Universitario Galego.
En el texto, firmado por Manuel Reigosa, rector de Vigo; Julio Abalde, rector de A Coruña y Antonio López, rector de Santiago, agradecieron a la Plataforma por la Defensa de la Universidad Pública “su compromiso y apoyo” y explican que no les asusta "competir con la iniciativa privada”, pero sí les preocupa que la competencia sea “desigual” y no se trabaje con las mismas condiciones ni se establezcan resultados comparables.
Asimismo, recuerdan que las plazas ofertadas por las tres instituciones gallegas “permiten a la ciudadanía estudiar prácticamente cualquier titulación de grado que deseen” y que el mapa de titulaciones atiende a las demandas sociales de formación, ajustando continuamente las titulaciones de grado y de máster a la demanda y manteniendo además los precios públicos más bajos de España.
Frente a la iniciativa privada, los rectores piensan “que los esfuerzos de los ciudadanos, a través de sus impuestos, deben ir encaminados a fortalecer el actual sistema universitario público. Entre todos hemos construido un sistema fuerte, competitivo y bien articulado, y aspiramos a mejorarlo aún más haciendo que sea eficiente, eficaz y sostenible económicamente. Para eso necesitamos urgentemente un nuevo sistema de financiación que proporcione autonomía, suficiencia y estabilidad financiera y que permita afrontar efectivamente los costes estructurales así como financiación por los resultados obtenidos por nuestras instituciones”.
La Plataforma Gallega en Defensa de la Universidad Pública sostiene que los siete campus gallegos “ofrecen una cobertura formativa a todo el territorio, adaptándose a las necesidades sociales y laborales que se precisan, ampliando su oferta educativa y reorganizando aquellos aspectos cuando es necesario”. Recalcan que la Xunta, “en vez de posibilitar la oferta de nuevas titulaciones en las universidades públicas, permite ofrecerlas a la privada, o disfrazar con otro nombre titulaciones ya impartidas actualmente”. Consideran, por tanto, que la creación de esta universidad privada tendrá un impacto negativo en las instituciones educativas públicas, “que ya tienen dificultades por el descenso de alumnado en los últimos años” y añaden que en la propuesta de la Universidad Intercontinental de la Empresa “el idioma gallego no existe”, a pesar de que lo exige la ley. Concluyen que “una Universidad privada sería nefasta para los intereses públicos, para el sistema universitario y para la población, ya que los servicios públicos son el único garante del acceso universal a la educación superior”.
La protesta fue convocada por la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública formada por las organizaciones sindicales CIG, CCOO y UGT y las estudantiles Erguer, Anega, Acción Universitaria y Sindicato de Estudantes.
También los tres rectores gallegos manifestaron públicamente el apoyo a estas demandas en un comunicado conjunto en el que sostienen que “no existe la necesidad de nuevas universidades en Galicia” y demandan más apoyo para el Sistema Universitario Galego.
En el texto, firmado por Manuel Reigosa, rector de Vigo; Julio Abalde, rector de A Coruña y Antonio López, rector de Santiago, agradecieron a la Plataforma por la Defensa de la Universidad Pública “su compromiso y apoyo” y explican que no les asusta "competir con la iniciativa privada”, pero sí les preocupa que la competencia sea “desigual” y no se trabaje con las mismas condiciones ni se establezcan resultados comparables.
Asimismo, recuerdan que las plazas ofertadas por las tres instituciones gallegas “permiten a la ciudadanía estudiar prácticamente cualquier titulación de grado que deseen” y que el mapa de titulaciones atiende a las demandas sociales de formación, ajustando continuamente las titulaciones de grado y de máster a la demanda y manteniendo además los precios públicos más bajos de España.
Frente a la iniciativa privada, los rectores piensan “que los esfuerzos de los ciudadanos, a través de sus impuestos, deben ir encaminados a fortalecer el actual sistema universitario público. Entre todos hemos construido un sistema fuerte, competitivo y bien articulado, y aspiramos a mejorarlo aún más haciendo que sea eficiente, eficaz y sostenible económicamente. Para eso necesitamos urgentemente un nuevo sistema de financiación que proporcione autonomía, suficiencia y estabilidad financiera y que permita afrontar efectivamente los costes estructurales así como financiación por los resultados obtenidos por nuestras instituciones”.
La Plataforma Gallega en Defensa de la Universidad Pública sostiene que los siete campus gallegos “ofrecen una cobertura formativa a todo el territorio, adaptándose a las necesidades sociales y laborales que se precisan, ampliando su oferta educativa y reorganizando aquellos aspectos cuando es necesario”. Recalcan que la Xunta, “en vez de posibilitar la oferta de nuevas titulaciones en las universidades públicas, permite ofrecerlas a la privada, o disfrazar con otro nombre titulaciones ya impartidas actualmente”. Consideran, por tanto, que la creación de esta universidad privada tendrá un impacto negativo en las instituciones educativas públicas, “que ya tienen dificultades por el descenso de alumnado en los últimos años” y añaden que en la propuesta de la Universidad Intercontinental de la Empresa “el idioma gallego no existe”, a pesar de que lo exige la ley. Concluyen que “una Universidad privada sería nefasta para los intereses públicos, para el sistema universitario y para la población, ya que los servicios públicos son el único garante del acceso universal a la educación superior”.
