La patronal de tecnología envía al Gobierno su plan de economía sostenible

La patronal de tecnología Asimelec ha enviado al Gobierno sus propuestas de modificación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible con las que estima que se aprovecharía el impacto de la implantación de las tecnologías en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Entre sus propuestas figura la petición de que se reduzca el impuesto de sociedades para inversiones en tecnología y que se adelante de 2015 a 2013 el reparto entre los operadores de las frecuencias disponibles como consecuencia del paso de la televisión analógica a la digital, el llamado dividendo digital.

Esta última medida, explica la patronal en una nota de prensa, facilitaría el despliegue de la tecnología móvil de cuarta generación LTE, ya que la previsión actual de 2015 haría que España llegara tarde a la nueva tecnología.

El documento ha sido enviado a la vicepresidenta económica, Elena Salgado; al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y al ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Asimelec considera que la Ley también debería contemplar el mantenimiento del impulso de los planes de fomento de Sociedad de la Información, para lo que se deberían duplicar los fondos destinados a este fin y aumentar la inversión de la administración general del Estado en tecnologías y servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en un mínimo del 20% anual en los próximos años.

Además solicita que se facilite el acceso a la contratación pública a la Pyme que ofrezca tecnología innovadora.

Esta Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica pide incrementar la reducción de la tasa general de operadoras de telecomunicaciones y fijarla en el 0,75 por mil de los ingresos (el anteproyecto propone bajarla de 1,25 hasta el 1 por mil).

Solicita impulsar un plan renove de los edificios para que modernicen sus infraestructuras de telecomunicaciones.

Respecto a la protección de la propiedad intelectual pide que sea la autoridad judicial el órgano competente para tomar medidas contra las páginas de Internet que vulneren esta propiedad y no un órgano administrativo como indica el anteproyecto de ley.

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