n n n Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, junto a Oxfam Intermón interpusieron una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por "inacción e insuficiencia y timidez" en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Las organizaciones determinaron como puntos claves para litigar contra el Ejecutivo el incumplimiento de los plazos de presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de las Estrategias a Largo Plazo ante la Comisión Europea, que expiraron el 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 respectivamente.
En un rueda de prensa telemática, los tres grupos explicaron que con este primer pleito climático contra el Estado, quieren demostrar que el Gobierno "vulnera" los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para no superar los 1,5 grados, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no debería ser inferior al 55 % en 2030 -respecto a 1990- y al cero neto en 2040. Sin embargo, lamentaron que, en España, un país muy afectado por el cambio climático, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional. Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía, "reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes", alertó Mario Rodríguez director de Greenpeace.
una actuación “muy escasa"
"No bastan las palabras es el momento de actuar, la ley nos ampara y la política no nos puede fallar una vez más", incidió Rodríguez. En la misma línea se manifestó Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción para quien en estos momentos en que la pandemia muestra la crudeza de una crisis global, no se puede ignorar el problema climático y observó que con esta demanda "nos jugamos mucho como sociedad". Recordó la "escasísima actuación de Gobiernos anteriores en materia climática, e incluso nulas", pero, a su juicio, esto no es excusa para materializar el gran compromiso con el Acuerdo de París. Los gruposadvirtieron de que "llevamos años emitiendo GEI por encima de lo establecido", para recordar que, durante el reparto para cumplir con la reducción de emisiones recogidas en el Protocolo de Kioto, a España se le permitió un incremento del 15% respecto a las de 1990, en lugar de reducirlas como a la mayoría de Estados de la Unión Europea. A su juicio, lejos de respetar ese límite, España incrementó sus emisiones, y solo el impacto de la posterior crisis económica redujo las emisiones hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta hoy.
Respecto a la demanda interpuesta, los servicios jurídicos de las organizaciones explicaron que, aunque esta prosperara, se trata de "veredictos difíciles de llevar a cabo", porque el Estado carece de mecanismos necesarios para obligar a su ejecución, por lo que apelan a la sociedad para exigir su cumplimiento. Es la hora de adoptar medidas pertinentes con "las obligaciones históricas y ambientales del país". n
