nnn La reciente aprobación por el Congreso de la reforma educativa del Gobierno, conocida como Ley Celaá, disparó todo tipo de mensajes públicos y en redes sociales que la consideran un peligro para el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, acusaciones que niega el Ejecutivo. Una parte importante de las críticas a esta Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), que derogará la Lomce de 2013 impulsada por el entonces ministro José Ignacio Wert, asegura que la nueva norma supone un ataque frontal contra los centros concertados, la educación especial, la religión y la enseñanza del castellano.
4 Enseñanza del castellano. La condición de lengua vehicular de la enseñanza que distinguía hasta ahora al castellano desaparece de la ley educativa. Así, el castellano pierde su condición de lengua vehicular de la enseñanza y también deja de figurar en la ley como lengua oficial del Estado, si bien la norma establece que, "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente". De esta forma, la Ley Celaá conserva el objetivo de que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable". En el caso de Cataluña por ejemplo, tanto la ley de Educación de Cataluña como el Estatuto de Autonomía disponía ya que el catalán es la lengua que debe utilizarse "normalmente" como "lengua vehicular y de aprendizaje" en el sistema educativo de esta comunidad.
4 Centros de educación especial. No se va a cerrar ningún centro de educación especial en España a raíz de la entrada en vigor de la Ley Celaá, si bien la nueva norma establece un plazo de 10 años para que los centros ordinarios cuenten con recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad. La plataforma "Educación Inclusiva Sí, Especial También" está convencida en cambio de que esta disposición abre la puerta a la eliminación de los colegios de educación especial porque pretende limitar su ámbito escolar a "los alumnos que requieran una atención muy especializada", de modo que se vayan vaciando poco a poco y pasen a ser centros de recursos.
la decisión de los padres
4 La asignatura de religión. La nueva ley garantiza que los padres podrán seguir eligiendo para sus hijos el aprendizaje de la asignatura de Religión, aunque rebaja el peso de esta materia. Además, en Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de Cultura de las religiones, una opción que hasta ahora no existía. Lo que cambiará en virtud de la Ley Celaá es que la nota de esta asignatura ya no computará para el acceso a estudios universitarios o a la obtención de becas.
4 La escuela concertada. La nueva ley suprime el concepto "demanda social" que había incorporado la Ley Wert como condición que permitía aumentar plazas en centros concertados. Así, si en una determinada zona no había escuela pública y las autoridades educativas autonómicas constataban que un proyecto de centro concertado suscitaba "demanda social" de matriculaciones, se podía descartar la apertura de un colegio público.
La nueva ley dispone que la oferta educativa garantice "la existencia de plazas públicas suficientes" y fomenta de suelo público gratis para crear colegios públicos y no para construir concertados. Otro punto que puede afectar a la financiación de estas escuelas es el de la eliminación de las cuotas. La ley anterior ya impedía a esos colegios cobrar aportaciones obligatorias y disponía que el pago de actividades extraescolares debía ser voluntario, pero había centros que las programaban dentro del horario escolar. A partir de ahora, estas actividades no podrán "discriminar por motivos económicos" ni "formar parte del horario escolar".
Por último, la Ley Celaá cierra el paso a los conciertos educativos con colegios que segreguen a los alumnos según su sexo al establecer que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género", que en la Ley Wert, no era considerada discriminatoria esta diferencia. n
