La Comisión Europea dio luz verde ayer a una ayuda pública francesa de 360,1 millones de euros para apoyar la distribución de ejemplares de suscripción de medios impresos que ofrezcan información política, general o deportiva. Bruselas autorizó esa medida en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, y se aplicará en forma de subvenciones directas a editores de medios de comunicación. En concreto, este régimen de ayudas públicas tiene por objeto financiar una parte de los costes de distribución en los que incurre el operador postal encargado de la misión de servicio público de transporte y distribución de la prensa por correo, o las redes de reparto de prensa impresa.
La ayuda económica corresponderá a un importe máximo por ejemplar distribuido y podrá variar en función de la situación financiera de las publicaciones en cuestión y de las zonas geográficas de distribución, añadió la Comisión Europea sobre la filtración de las ayudas. La medida pretende animar a los editores de prensa a utilizar más los servicios de entrega que los de distribución postal, y ofrece un respaldo “transitorio” hasta que surjan nuevos servicios de distribución eficaces y asequibles, precisaron desde la Comisión.
Esta ayuda económica permitirá la difusión de información “fiable y de calidad” para mantener “el pluralismo de los medios de comunicación, el debate democrático y la diversidad cultural”, subrayó el Ejecutivo comunitario, que posteriormente agregó que el régimen estará en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2026. A la hora de evaluarlo, la Comisión consideró que es “necesario y adecuado para facilitar el desarrollo de las actividades de edición y distribución de prensa”.
Según informaron desde la Comisión Europea, llegaron a la conclusión de que el régimen se limita al “mínimo necesario” y que tendrá un “impacto limitado” en la competencia y el comercio entre los Estados miembros de la UE. Sobre esa base, la Comisión decidió aprobar el régimen de acuerdo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Activistas piden más protección a los periódicos locales en EEUU
Líderes de organizaciones en defensa de la libertad de prensa pidieron ayer al Congreso estadounidense aprobar una ley para dar protección a los medios de comunicación locales frente a las grandes compañías tecnológicas, cada vez más presentes en la sociedad. El proyecto de ley, ya tramitado en el Senado, permitiría a los medios unirse para negociar con compañías como Alphabet, matriz de Google; o Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp; para obtener más ingresos por los contenidos que distribuyen en las grandes plataformas.
“Las grandes empresas tecnológicas alejan a los anunciantes de los pequeños y medianos medios locales”, criticó la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Radiodifusores de EE.UU., April Carty-Sipp, en un evento en Washington organizado por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones (Certal). Carty-Sipp pidió a los legisladores aprobar este proyecto antes del 3 de enero, cuando se constituirá el nuevo Congreso fruto de las elecciones legislativas del pasado noviembre.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Micahel Greenspon, también dio su apoyo a este proyecto a favor de los medios de comunicación locales y advirtió sobre el cierre de varias cabeceras locales en todo el país. “Sin medios locales, sin fiscalizadores del poder, la corrupción y las violaciones a derechos humanos se propagan”, acotó Greenspon durante su intervención, valorando positivamente el papel de la opinión abierta y pública para las democracias consolidadas.
La prensa local en norteamérica ha sufrido financieramente por la fuga de los anunciantes a las plataformas digitales, explicó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. “La paradoja es que las plataformas usan el contenido de los medios gratis para atraer audiencia y generan más ingresos por anuncios publicitarios”, destacó Greenspon. Cada dos semanas se cierra un medio local en Estados Unidos y un tercio de todos los diarios que existían hace veinte años cerrarán para el año 2025, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Northwestern.
