Recientemente se iniciaron en la carreterra las obras de reparación de un muro caído
“Las obras que se realizan en la PO-250 Redondela-Pazos por parte de la Xunta no resuelven los graves problemas que tiene esa carretera y se pierde la oportunidad de hacer una reforma en profundidad”, afirmó la alcaldesa Digna Rivas al valorar unos trabajos que comenzaron hace una semana sin celebrar una reunión para estudiar las propuestas del Ayuntamiento.
Para Rivas, los responsables de la Xunta visitaron el lugar antes del inicio de las obras acompañados por el exalcalde y concejales del PP, "sin tan siquiera avisar al Ayuntamiento o a la Alcaldía, lo que suponen una falta clara de lealtad institucional”.
Recordó además que el Ayuntamiento siempre actuó con el resto de las administraciones, “con el máximo respeto y la mayor lealtad desde el convencimiento de que el bienestar del vecindario, está por enzima de cualquier consideración partidista”.
El equipo de gobierno local teme que, con el inicio de estos trabajos y sin que se tengan en cuenta las mejoras que sobre ese tramo incluido en el casco urbano, proponía el Ayuntamiento “se esté desaprovechando una oportunidad para solucionar, definitivamente, los graves problemas de seguridad vial que reviste esa carretera tanto para los viandantes como para los vehículos que circulan por ella”. La poca información que sobre estos trabajos tiene el Ayuntamiento, “se consiguió tras las insistentes llamadas de la Alcaldía a los responsables de carreteras de la Xunta y, aun así, poseemos ahora información incompleta y en ningún lado consta que se vaya a hacer caso de las recomendaciones trasladadas a la Xunta”, matizó la regidora.
El pasado mes de mayo el Ayuntamiento remitió un informe técnico a la Xunta en el que se detallaba "algunos de los problemas de esa carretera, haciendo referencia, entre otros muchos, al mal estado del firme".
Este es considerado “un problema grave para una carretera que registra un enorme volumen de circulación de vehículos ligeros y tráfico pesado”, explicó la concejala de Urbanismo, María Castro.
En un escrito posterior, la alcaldesa insistió sobre la necesidad “urgente” de mejorar la seguridad vial y daba cuenta de la “peligrosidad” que revestía esa vía para los peatones que, pese a la alta densidad de tráfico, cuenta “con aceras que, en algunos tramos, apenas alcanzan los 90 centímetros”. En otros escritos del mes de octubre y noviembre, el Ayuntamiento pedía la Xunta actuaciones concretas como la creación de una zona segura de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora (cómo en el resto del casco urbano), además de “actuaciones para reducir la velocidad tan sencillas como la instalación de pasos de cebra elevados, señalización lumínica y mejora de la señalización tanto horizontal como vertical”. A estos problemas “ya de por sí graves para la seguridad vial de la zona”, se añadía la existencia de un muro semiderruido que suponía un peligro para la integridad de los viandantes.
Si bien la reconstrucción del muro era una de las demandas del Ayuntamiento, “trabajos que deberían estar hechos hace meses por tratarse de obras imprescindibles para la seguridad vial –aseguran María Castro y Digna Rivas– las obras deberían incluir las demandas del Ayuntamiento sobre actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial, tanto de peatones como de conductores ”.
Para Rivas, los responsables de la Xunta visitaron el lugar antes del inicio de las obras acompañados por el exalcalde y concejales del PP, "sin tan siquiera avisar al Ayuntamiento o a la Alcaldía, lo que suponen una falta clara de lealtad institucional”.
Recordó además que el Ayuntamiento siempre actuó con el resto de las administraciones, “con el máximo respeto y la mayor lealtad desde el convencimiento de que el bienestar del vecindario, está por enzima de cualquier consideración partidista”.
El equipo de gobierno local teme que, con el inicio de estos trabajos y sin que se tengan en cuenta las mejoras que sobre ese tramo incluido en el casco urbano, proponía el Ayuntamiento “se esté desaprovechando una oportunidad para solucionar, definitivamente, los graves problemas de seguridad vial que reviste esa carretera tanto para los viandantes como para los vehículos que circulan por ella”. La poca información que sobre estos trabajos tiene el Ayuntamiento, “se consiguió tras las insistentes llamadas de la Alcaldía a los responsables de carreteras de la Xunta y, aun así, poseemos ahora información incompleta y en ningún lado consta que se vaya a hacer caso de las recomendaciones trasladadas a la Xunta”, matizó la regidora.
El pasado mes de mayo el Ayuntamiento remitió un informe técnico a la Xunta en el que se detallaba "algunos de los problemas de esa carretera, haciendo referencia, entre otros muchos, al mal estado del firme".
Este es considerado “un problema grave para una carretera que registra un enorme volumen de circulación de vehículos ligeros y tráfico pesado”, explicó la concejala de Urbanismo, María Castro.
En un escrito posterior, la alcaldesa insistió sobre la necesidad “urgente” de mejorar la seguridad vial y daba cuenta de la “peligrosidad” que revestía esa vía para los peatones que, pese a la alta densidad de tráfico, cuenta “con aceras que, en algunos tramos, apenas alcanzan los 90 centímetros”. En otros escritos del mes de octubre y noviembre, el Ayuntamiento pedía la Xunta actuaciones concretas como la creación de una zona segura de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora (cómo en el resto del casco urbano), además de “actuaciones para reducir la velocidad tan sencillas como la instalación de pasos de cebra elevados, señalización lumínica y mejora de la señalización tanto horizontal como vertical”. A estos problemas “ya de por sí graves para la seguridad vial de la zona”, se añadía la existencia de un muro semiderruido que suponía un peligro para la integridad de los viandantes.
Si bien la reconstrucción del muro era una de las demandas del Ayuntamiento, “trabajos que deberían estar hechos hace meses por tratarse de obras imprescindibles para la seguridad vial –aseguran María Castro y Digna Rivas– las obras deberían incluir las demandas del Ayuntamiento sobre actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial, tanto de peatones como de conductores ”.
