baixo miño/Morrazo

Absuelta la mujer de 82 años multada por conducta violenta

La mujer, de 82 años, con el andador.
photo_camera La mujer, de 82 años, con el andador.

Una preferentista del Baixo Miño que tiene que utilizar un andador para desplazarse fue acusada de saltarse un cordón policial en una protesta. El juez le dio la razón

nnn Domitila Vicente Franco, una preferentista de 82 años y con una rodilla afectada por la osteoporosis que le obliga a utilizar andador, acusada de saltarse un cordón policial en una protesta ha ganado el juicio celebrado por esta cuestión. También se ha dado la razón a otros cuatro miembros de la plataforma de Baixo Miño multados en esa manifestación, por lo que deberán devolverles los importes abonados en las sanciones -entre 100 euros y 200 euros en cada caso.
De ello ha informado a Europa Press Xulio Vicente, de la plataforma de preferentes de Baixo Miño, después de que la semana pasada se celebrase un juicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra a cinco preferentista multados de O Baixo Miño, que son Domitila Vicente, Fernando Asensio, Ana Belén Álvarez, Américo Álvarez y Eugenio Domínguez.
El 3 de julio del año 2013, Domitila Vicente fue multada por la Guardia Civil por su presunta "conducta violenta" ya que las fuerzas del orden entendieron que "alteró el orden público" al saltarse un cordón policial. En total, 200 euros de sanción, "lo mismo que costó el andador", señaló la semana pasada a las puertas del juzgado.
En esa protesta también participó Fernando Asensio, de 70 años, también acusado de "alterar el orden público" y de tener un "comportamiento agresivo". Aquel 3 de julio acudió a la movilización en contra del criterio de su médico, padecía un cáncer y en dos días iba a pasar por el quirófano para ser operado, por eso cargaba con un pequeño asiento para descansar cada poco. Así las cosas, se ha dado la razón a estos cinco preferentistas que desde el inicio mantenían su inocencia.
Según ha explicado Xulio Vicente ya son "18 de 19 casos" en los que se da la razón a los preferentistas multados en protestas, por las que los afectados han tenido que abonar alrededor de unos 20.000 euros.
De tal forma, en estos cinco casos, además del dinero que se deberá reintegrar a los preferentistas, Vicente ha llamado la atención sobre "el dinero público que le cuesta a todos los ciudadanos" estas denuncias, ya que se va a perder en el pago de costas del juicio.
Ante estas nuevas sentencias, Vicente exige la dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, al que responsabiliza de esta multas, al tiempo que ha acusado también al Ayuntamiento de O Rosal de estar detrás de las sanciones. n

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