El asesinato de dos periodistas en Indonesia ha puesto de relieve los riesgos a los que se enfrentan quienes investigan la apropiación de tierras, y el impacto medioambiental del aceite de palma y otras industrias agrícolas, denunciaron este lunes organizaciones de derechos humanos.
Los cadáveres con heridas múltiples de arma blanca de Martua Parasian Siregar y Maraden Sianipar, que trabajaban como periodistas independientes y eran conocidos por su activismo contra el robo de tierras por empresas agrícolas, fueron halladas el 30 de octubre en dos zanjas cerca de una plantación de aceite de palma de la compañía Amelia, en la provincia de Sumatra del Norte.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), han denunciado el efecto intimidatorio del caso y la violencia a la que están expuestos activistas, periodistas e investigadores en el archipiélago.
"La gente que alza la voz contra los efectos negativos del aceite de palma así como las violaciones de derechos humanos en las plantaciones se convierte en objetivos de quienes tienen poderosos intereses", dijo a Efe el director de AI para Indonesia, Usman Hamid.
Por su parte, el investigador en Indonesia para HRW, Andreas Harsono, afirmó a Efe que "muchos dueños de plantaciones tienen sus propia seguridad privada que emplea a militares o agentes de policía, y algunos se atreven a ordenar el uso de fuerza".
La Policía arrestó este domingo al dueño de la compañía Amelia, el empresario Wibharry Padmoasmolo, por presuntamente haber ordenado y pagado unos 3.000 dólares (2.700 euros) a varias personas para asesinar a los reporteros, que apoyaban a varios agricultores involucrados en una disputa de terrenos con la compañía .
Otras cuatro personas han sido detenidas como presuntas autoras materiales del crimen y tres permanecen bajo orden de búsqueda y captura, señaló a Efe el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Sumatra del Norte, Tatan Dirsan Atmaja.
El asesinato de los dos periodistas se produjo tras la muerte en octubre de Golfrid Siregar, un abogado de Walhi -la mayor organización ecologista de Indonesia-, que las autoridades atribuyen a un accidente de tráfico pero activistas que solicitan una investigación independiente achacan a una agresión .
En lo que va de año se han registrado en Indonesia 42 casos de violencia contra periodistas, en su mayoría a manos de empresas privadas y organizaciones del Estado, y contra activistas medioambientales, según la Alianza de Periodistas Independientes (AJI, en indonesio).
