Los sindicatos franceses tienen intención de seguir protestando contra la reforma de las pensiones, con una nueva jornada de movilización el 6 de junio, y ponen condiciones al diálogo que les propone el Gobierno, que intenta así pasar página a la grave crisis social y política que atraviesa el país.
En un comunicado conjunto, las ocho centrales sindicales y cinco organizaciones estudiantiles quieren demostrar que van a seguir unidas en su rechazo a la reforma ya promulgada. Y eso sólo un día después de la jornada del 1 de mayo, que fue la décimo tercera contra la ley que va a retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, y en la que hubo una participación multitudinaria.
Los sindicatos afirman haber sacado a 2,3 millones de personas a la calle en las 300 manifestaciones convocadas el lunes por todo el país (el Gobierno estimó que fueron 782.000) e insisten en que, desde que comenzaron las protestas el 19 de enero, “se han batido récords tanto en el número de manifestantes como en el número de huelguistas”.
La fecha del 6 de junio se fijó porque solo dos días después se debatirá en la Asamblea Nacional una proposición de ley de la oposición para anular el retraso de la jubilación a los 64 años, una iniciativa que en principio tiene pocos visos de prosperar. Antes de eso, el Consejo Constitucional se pronuncia sobre otra demanda de la oposición para poder organizar un referéndum sobre las pensiones.
Los sindicatos se esfuerzan en acallar los rumores de ruptura de la unidad de acción por las diferentes estrategias de las centrales de cara a la cita que les va a lanzar en los próximos días la primera ministra, Élisabeth Borne, para discutir diferentes aspectos laborales, pero no el retraso de la edad de jubilación a 64 años. Se quejan de que el Gobierno no haya fijado ni el marco ni el objetivo del ciclo de concertaciones que dice querer abrir, y avisan que tienen intención de recordar “su rechazo de la reforma de las pensiones”, que quedó aprobada por el Parlamento y promulgada el 15 de abril.
Sobre todo, anuncian que van a hacer propuestas comunes, en dirección también de las empresas, “para que se tengan finalmente en cuenta las preocupaciones de los asalariados en particular en materia de salarios”.
