Rusia aseguró ayer que no introducirá de momento la ley marcial en el país tras el ataque con drones contra Moscú, mientras estudia medidas de represalia contra Ucrania, cuyos principales socios se mostraron divididos sobre si el territorio ruso alejado del frente debe ser un objetivo militar en la guerra.
“Pensaremos con calma y coherencia sobre cómo lidiar con esto”, dijo ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al día siguiente de que la capital rusa sufrió su primer ataque masivo con drones y después de que “halcones” como el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, o el líder checheno, Ramzán Kadírov, pidieran dureza en la respuesta rusa e incluso la imposición de la ley marcial en el país.
Kadírov consideró que las autoridades de Rusia, que atribuyeron a Ucrania el “ataque terrorista” en Moscú, deben declarar la ley marcial en el país “y usar todos los recursos de combate para barrer toda esta célula terrorista (de Ucrania) de una vez por todas”.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió ayer de que los altos cargos británicos puede ser considerados un “objetivo militar legítimo”, por cuanto el Reino Unido libra una “guerra no declarada” contra Rusia.
“Hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas, de hecho libra una guerra no declarada contra Rusia”, escribió Medvédev en Twitter. Por tanto, añadió, “cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra puede ser considerado un objetivo militar legítimo”.
Mientras, las autoridades ucranianas estiman en 27.000 el número de civiles ucranianos hechos prisioneros por Rusia en los territorios ocupados o en la propia Federación Rusa, según el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytró Lubinets. “Según nuestros datos, la Federación Rusa mantiene detenidos a más de 27.000 rehenes civiles”, dijo Lubinets.
A principios de mayo, Ucrania estimaba en unos 20.000 el número de sus civiles detenidos por Rusia. Lubinets acusó a Bielorrusia de participar en la deportación a Rusia de prisioneros de guerra, niños y civiles adultos ucranianos detenidos por las fuerzas de Moscú.
