n n n China ha pasado en cuestión de semanas de ser el principal foco de la pandemia a casi eliminar las infecciones locales de COVID-19. ¿Un ejemplo para el resto del mundo? Sólo si este está dispuesto a renunciar por completo a su privacidad, algo que en Occidente no parece nada fácil. El control que ejerce el Partido Comunista Chino sobre la ciudadanía ha permitido al Gobierno de Pekín recabar enormes cantidades de datos (big data) relativos a la movilidad de las personas y a su salud, sin consentimiento ni transparencia.
El caso más sonado es el de la aplicación para móviles bautizada oficialmente como "Código de salud", que fue distribuida en las populares plataformas Alipay y WeChat. En base a datos introducidos por el propio individuo y a información gubernamental, asigna un código de color a cada persona. Este código (verde, amarillo o rojo) determina la movilidad del individuo, y puede ser requerido para comprobación por las autoridades en la calle, en los accesos a los establecimientos comerciales o en el transporte público. Se desconoce el criterio de asignación empleado por el Gobierno, ni el uso exacto que hace de los datos.
Trasladar este tipo de prácticas a sociedades occidentales con regímenes democráticos y donde la confianza en los Gobiernos está ya de por sí maltrecha supone no sólo un enorme reto logístico, sino también un peligro de cara al futuro, según explican los especialistas en ciencias de la salud y tecnología de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich Effy Vayena y Marcello Ienca.
desconfianza
"Mediante el uso de prácticas no transparentes se pondría en peligro la relación entre ciudadanos y Gobiernos, especialmente en países como Francia, Italia o Estados Unidos., donde las encuestas indican que ya hay un alto grado de desconfianza", apuntan los investigadores.
Vayena e Ienca no se oponen a que los Gobiernos recurran al big data (por ejemplo la localización de las personas mediante el GPS de sus móviles) para avanzar en las medidas de contención de la pandemia, pero sostienen que es necesario que estos respeten en todo momento cuatro principios:
Transparencia sobre qué datos se están compilando y cómo se están compilando; circunscripción de todas las medidas a un marco regulatorio claro; demostración ante el público de la ausencia de alternativas menos invasivas para la privacidad, y garantía de que habrá un sistema de control independiente. "Este es un gran experimento social. Algo que no hemos hecho nunca antes de forma tan continuada y a esta escala y, por tanto, debemos disponer de alguna forma de supervisar este experimento", concluyen los doctores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.
rastreo a nivel europeo
Precisamente con este espíritu se ha creado recientemente el Rastreo de Proximidad Paneuropeo con Preservación de Privacidad (PEPP-PT, por sus siglas en inglés), un proyecto que pretende ofrecer una solución única y de código abierto para recabar datos móviles en los países de la Unión Europea. La tecnología, impulsada por 130 expertos de universidades, empresas y fundaciones de ocho países, se apoya en el uso de Bluetooth y "está basada en la participación voluntaria, respeta el anonimato y no usa ni información personal ni geolocalización", según recogen sus impulsores en su página web.
PEPP-PT se ofrecerá de manera gratuita a los desarrolladores europeos, y algunos países como Alemania ya trabajan en la puesta en marcha de una aplicación basada en esta tecnología, según ha explicado el director del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler.
Hasta ahora, la Comisión Europea ya estaba recopilando datos anónimos de los movimientos de los teléfonos móviles para "analizar los patrones de movilidad, incluyendo el impacto de las medidas de confinamiento, la intensidad de los contactos y, por extensión, los riesgos de contaminación", explicaron fuentes de la Comisión.
Para ello, la UE trabaja con una operadora de telecomunicaciones por Estado miembro. El reto entre big data y privacidad en Europa es mayúsculo, puesto que durante años las instituciones comunitarias se han esforzado en crear una legislación garantista con los derechos y la privacidad de sus ciudadanos, que halló su máxima expresión en el restrictivo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor en 2018.n
