Dos padres que perdieron a su hijo en el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Santiago de Compostela denunciaron ayer el “daño moral” que les supuso, después, “la lucha” que iniciaron frente al “oscurantismo” y la “falta de transparencia”, con el objetivo de que se supiera “toda la verdad” sobre las causas de la tragedia. La titular del juzgado de lo penal número 2 de la ciudad, Elena Fernández Currás, les ha respondido que “todo el periplo político” que dura ya casi 10 años, con protestas en ayuntamientos y que también escucharon el Congreso de los Diputados y las instituciones europeas, queda “fuera” de su ámbito.
El estatuto de la víctima de 2015, posterior a esta tragedia en la que murieron 80 personas y 140 heridos, recoge que “el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral”. “Se ha de ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, jurídica y también social”, explicita esta norma.
“No somos números, no somos 80 muertos y 140 heridos. Es mucho más. Es una tragedia, una catástrofe evitable”, dijo en la sala que acoge el juicio por el siniestro ferroviario Cristina Liras, la madre de un chico de 27 años que falleció en Angrois.
El tren descarriló en la curva de A Grandeira en la víspera del Día de Galicia y tanto Cristina como el padre del joven, Javier García Municio, relataron el viaje “de infierno” que hicieron aquella noche hasta la capital gallega desde Segovia, cuando supieron por la televisión lo que había sucedido.
“Quiero que se le ponga cara”, subrayó la madre mostrando una imagen de su hijo. “Tenía toda la vida por delante”. Ante las preguntas de su abogada, esta afectada ha recordado que cuando acudieron a la oficina de atención a las víctimas de Renfe y pidió que le pusieran en contacto con otros padres que hubieran perdido hijos, no le dieron ningún teléfono.
Pero sí contactó con otros perjudicados a través de la plataforma de víctimas constituida tras el accidente. “Entonces empezó la lucha”, recordó.
“Fuimos a muchísimos sitios. A ayuntamientos, a Europa. Y supimos que un informe al que aquí se le daba gran relevancia se cuestionaba”, llamó la atención, en relación al de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), el cual la propia jueza ha señalado en ocasiones que no considera para determinar eventuales responsabilidades en este juicio penal.
Un proceso por el que se sientan en el banquillo de los acusados el maquinista Francisco Garzón y el ex director de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte.
A ambos se les atribuyen 80 homicidios y 140 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.
En la sesión de ayer, Cristina Liras criticó que el por entonces Gobierno del PP quiso retrasar la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que cuestionaba la investigación de la CIAF hasta que pasasen las elecciones generales. Gracias a “la lucha” se supieron también “muchas cosas”, como que el sistema de control de la velocidad ERTMS había sido desconectado. Manifestarse, concentrarse y protestar “fue añadir al dolor mucho sufrimiento, sufrimiento moral”, dijo la mujer.
A continuación, Javier Municio, el padre, subrayó, dirigiéndose a la juez: “Lo que quiero señalar señoría es el dolor que nos ha producido, después, esa lucha. La seguimos manteniendo”.
La magistrada respondió: “Esto es un juzgado de lo penal. Se debaten las responsabilidades que procedan y todo ese periplo político, todas esas quejas que tienen hacia el trato recibido por instituciones y demás, todo eso queda fuera de mi ámbito”.
