Las relaciones entre la Xunta y el Gobierno se han tensado desde que el socialista Pedro Sánchez tomó las riendas como presidente estatal a raíz de la moción de censura que expulsó de La Moncloa al popular Mariano Rajoy. Con todo, las discusiones se han dado de forma más notoria en el plano dialéctico: alguna cuestión se ha discutido en Comisión Bilateral, pero desde junio de 2018 ninguna de las dos administraciones han llevado sus discrepancias con la otra al Tribunal Constitucional (TC).
A un año de las elecciones autonómicas y con las generales del 10 de noviembre a las puertas, la "deuda" de 700 millones de euros que la Xunta reclama al Gobierno -que, según ha trascendido, desbloqueará en diez días 4.500 millones para las autonomías- se ha convertido en el principal caballo de batalla del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a manifestar que pueden peligrar los últimos presupuestos de su tercera legislatura.
En total, la Xunta pide 700 millones de euros: 330 millones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica, 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 y otros 170 millones de incentivos por cumplir las reglas de estabilidad financiera.
otros focos
Pero antes, la confrontación entre ambas administraciones tuvo otros focos. El traspaso de la titularidad de la AP-9, la autorización de nuevas plazas MIR -en el contexto de fuertes protestas en el ámbito sanitario autonómico, sobre todo en la Atención Primaria- o la situación de Alcoa son algunos ejemplos.
Con todo, más allá de los cruces de declaraciones tras reuniones o intervenciones públicas de una y otra administración, el listado actualizado de conflictos de competencias de la Xunta evidencia que en los últimos años no se ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad. Sí hubo varios preavisos en 2018 y 2019 (por asuntos relativos a las leyes de presupuestos y medidas fiscales del pasado ejercicio, o a la norma que regula la rehabilitación, regeneración y renovación urbana en Galicia), pero se alcanzaron acuerdos en el seno de la Comisión Bilateral que evitaron que se llegase más allá.
Uno de los ejemplos más recientes, precisamente, alude a la ley de medidas y a la carrera profesional de los funcionarios: finalmente seguirá adelante sin amenaza del TC. Y es que se alcanzó un acuerdo en el marco de la Comisión Bilateral que se publicó el pasado 11 de septiembre y que certificaba la rectificación del Ejecutivo central, tras matizar la Xunta que las subidas salariales se realizan con fondos adicionales propios.
Por otra parte, aunque pueda parecer que la coincidencia de un mismo partido al frente de Gobierno y Xunta puede paliar la conflictividad, no siempre es así. La prueba es que el periodo en el que Mariano Rajoy permaneció al frente del Ejecutivo central no estuvo exento de conflictividad con la comunidad de Galicia. Tal es así que ambas administraciones se cruzaron varios recursos de inconstitucionalidad.
En 2012, la Xunta interpuso un recurso en relación al decreto por el que se procedía a la suspensión de las primas a las energías renovables. Era el primer conflicto por el que Feijóo llevaba al Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC). La sentencia llegó tres años después, en 2015: fue desestimado. Con posterioridad, en el año 2014, la Xunta hace constar dos recursos interpuestos, esta vez, ante el TC por parte del Ejecutivo estatal. El primero, contra la ley de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia, obtuvo sentencia en 2016 y el resultado fue la anulación de varios preceptos.
recursos desde madrid
El Gobierno central también recurrió ante el TC la ley de medidas que acompañaba a los presupuestos autonómicos de 2014 y, en 2016, el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad del texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad gallega en materia de tributos cedidos por el Estado. El resto del recurso quedó desestimado.
Asimismo, en febrero de 2017, el TC declaró "inconstitucionales y nulos" varios preceptos de otra ley de medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta, esta vez a finales de 2015, en los que se entraba a regular, entre otras cuestiones, la obligación de facturación de las eléctricas con base en consumos reales. También había sido recurrida por el Ejecutivo estatal.
