Las actuaciones llevadas a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en estrecha colaboración con la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Pontevedra (AEAT), se desarrollaron en distintos municipios de la provincia con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal por la que se rige la elaboración, distribución y venta de este tipo de bebidas alcohólicas.
Las incautaciones de realizaron en el transcurso de las inspecciones que llevó a cabo la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en los municipios de Meis, Vilaboa y Salvaterra de Miño.
La primera de ellas se realizó a finales del mes de octubre en un galpón ubicado en el municipio de Meis cuando se estaban llevando a cabo labores de destilación artesanal utilizando un alambique que no estaba censado. Días más tarde, a principios de noviembre, se localizó otro galpón en el municipio de Vilaboa en las mismas circunstancias.
En ambos casos, la Patrulla Fiscal y Fronteras procedió al precinto de los dos alambiques y a la inmovilización de cerca de 400 litros de aguardiente. Al mismo tiempo se levantaron varias actas denuncia por infringir la normativa que regula la Ley y el Reglamento de Impuestos Especiales, habida cuenta de los responsables no pudieron acreditar el pago del impuesto devengado por esta actividad, carecían del código de actividad y establecimiento y no disponían de la preceptiva autorización para llevar a cabo la destilación.
En la tercera de las actuaciones que se realizó a finales del mes de noviembre en el término municipal de Salvatrerra de Miño, la Guardia Civil inspeccionó otro galpón donde se estaba destilando aguardiente fuera del periodo de tiempo que tenía autorizado. En esta instalación se intervinieron cerca de 900 litros de aguardientes por no acreditarse la autorización para su destilación ni el pago del impuesto devengado. Al mismo tiempo se incautaron 248 precintas fiscales y un alambique.
En todos los casos, las denuncias formuladas se remitieron a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, que es la autoridad administrativa competente en la materia.
