"La línea que separaba lo público de lo privado era difusa o inexistente", declaró Carlos Babío
n n n Los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez aseguran que el "acto simbólico de entrega" del Pazo de Meirás a Franco se hizo al jefe del Estado, no a título personal, y de hecho sostienen que el dictador "no pagaba nada" relativo a sus gastos en esta residencia de verano de los que se ocupaba la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado. "Del análisis de la documentación puedo afirmar que la Casa Civil -organismo que se encargaba de todos los aspectos de la vida diaria de Franco- pagaba absolutamente todo lo que tenía que ver con las necesidades de intendencia" del dictador, explicó Carlos Babío, que sostiene que "la línea que separaba lo público de lo privado era difusa o inexistente, en el mejor de los casos difusa" y que "Franco no pagaba nada".
En la segunda jornada del juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por la propiedad del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), ambos historiadores, testigos por la parte demandante, la Abogacía del Estado, detallaron durante seis horas su investigación sobre todo lo relacionado con este pazo que les llevó a publicar en 2017 el libro "Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio" y algún documento posterior. Preguntados por si hay alguna prueba de que Franco pagase los gastos de gestionar Meirás, Manuel Pérez indicó que no han "encontrado ningún documento que pruebe que haya reembolsado los gastos".
Según Carlos Babío, denunciado en dos ocasiones por la familia Franco, los gastos fijos de la residencia de verano de Franco son computados por Casa Civil, también los relativos a oficinas, y de hecho en algunos documentos "el Pazo de Meirás figura como una dependencia de El Pardo".
Por su parte, Manuel Pérez explica que, desde el incendio, la familia Franco deja de utilizar Meirás para veranear y pasa a alojarse en la Casa Cornide, en la ciudad de A Coruña -cuyo ayuntamiento acordó el año pasado reclamar judicialmente la restitución de la titularidad de este inmueble-, por lo que "el pazo pierde su uso como residencia de la familia Franco".
Preguntados por la escritura que recogía la forma de transmisión del pazo, señala Pérez que el hallazgo de un documento de 1938 confirma su tesis de que la escritura de 1941 "no era en todo caso la primera" y que "la fórmula que se le da, el importe, etcétera no coincidía con otra documentación previa".
La Abogacía del Estado asegura que este acta notarial de 1938 confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de ese año por la "Junta pro Pazo del Caudillo" por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. n
En la segunda jornada del juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por la propiedad del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), ambos historiadores, testigos por la parte demandante, la Abogacía del Estado, detallaron durante seis horas su investigación sobre todo lo relacionado con este pazo que les llevó a publicar en 2017 el libro "Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio" y algún documento posterior. Preguntados por si hay alguna prueba de que Franco pagase los gastos de gestionar Meirás, Manuel Pérez indicó que no han "encontrado ningún documento que pruebe que haya reembolsado los gastos".
Según Carlos Babío, denunciado en dos ocasiones por la familia Franco, los gastos fijos de la residencia de verano de Franco son computados por Casa Civil, también los relativos a oficinas, y de hecho en algunos documentos "el Pazo de Meirás figura como una dependencia de El Pardo".
Por su parte, Manuel Pérez explica que, desde el incendio, la familia Franco deja de utilizar Meirás para veranear y pasa a alojarse en la Casa Cornide, en la ciudad de A Coruña -cuyo ayuntamiento acordó el año pasado reclamar judicialmente la restitución de la titularidad de este inmueble-, por lo que "el pazo pierde su uso como residencia de la familia Franco".
Preguntados por la escritura que recogía la forma de transmisión del pazo, señala Pérez que el hallazgo de un documento de 1938 confirma su tesis de que la escritura de 1941 "no era en todo caso la primera" y que "la fórmula que se le da, el importe, etcétera no coincidía con otra documentación previa".
La Abogacía del Estado asegura que este acta notarial de 1938 confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de ese año por la "Junta pro Pazo del Caudillo" por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. n
