La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en el juicio sobre el Pazo de Meirás que empieza el próximo lunes en A Coruña se centrará en demostrar la irregularidad de la compra por el dictador Francisco Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado. El abogado jefe del Estado en Galicia, Javier Suárez, expuso ayer sucintamente la línea argumental que se expondrá la próxima semana durante el juicio para defender que el inmueble forma parte del patrimonio público.
Aunque Suárez dijo a los periodistas que prefiere no entrar en detalles técnicos que se abordarán la próxima semana, sí resumió la estrategia de la demanda de la Abogacía del Estado, que entiende que el pazo era un bien de dominio público porque se destinó durante 40 años a una finalidad pública como fue que sirviera de sede oficial al jefe del Estado. "Entendemos que eso determinó que el Estado adquiriese el bien por usucapión con la condición de un bien de dominio público, de manera que la posesión posterior que ha podido realizar la familia Franco a partir del año 1975 no le permite adquirir la propiedad del bien porque el dominio público es imprescriptible", explicó el abogado estatal.
título falseado
La Abogacía del Estado pretende demostrar así que la compra del inmueble por el dictador fue "simulada y fraudulenta", un argumento que sostendrá con "un documento clave que demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el Pazo de Meirás a su nombre", lo que constituiría en la actualidad un supuesto delito de falsedad en documento público.
"Además, argumentará que el inmueble fue utilizado durante cuarenta años con usos públicos, como residencia del jefe del Estado y para asuntos como consejos de ministros", y que "fue administrado por el Estado, que corrió a cargo de todos sus gastos", añade la Delegación del Gobierno.
Bajo esta premisa, se trataría de "un bien de dominio público" y no sería posible que hubiera sido transmitido a los herederos del dictador.
El juicio arranca el lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, en un proceso iniciado por la Abogacía del Estado al que posteriormente se sumaron la Diputación, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.
El pasado 31 de enero, en la audiencia previa al juicio en la que tanto la Abogacía del Estado como la familia Franco presentaron sus alegaciones, los herederos del dictador fundamentaron su estrategia de defensa en que han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público. Además, la defensa de los nietos de Franco asegura que éste pagaba los impuestos y que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria, mientras que la Abogacía del Estado sostiene que los impuestos se pagaban con dinero público.
El desfile de testigos y peritos por el juzgado durará del 6 al 10 de julio
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogerá del 6 al 10 de julio el juicio derivado del proceso iniciado por el Estado para reclamarle a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás y que comenzará con la declaración de siete testigos, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En la causa figura como demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad: la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada -donde se ubica el pazo- y A Coruña. Como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.
El juicio comenzará el lunes, día 6, con la declaración de siete testigos, entre los que estará el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña; el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.
También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.
Para el 7 de julio, están citados testigos peritos, entre ellos los autores del informe sobre actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de A Coruña, dependiente del Ministerio del Ejército, en el Pazo de Meirás. n
