La Justicia rechaza la medida cautelar solicitada por el alcalde de Ourense de prohibir que La Región publique audios suyos
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde de la ciudad presentó una denuncia contra el diario La Región por un presunto delito del artículo 197 del Código Penal -descubrimiento y revelación de secretos-, ha denegado al regidor su solicitud, como medida cautelar, de prohibición de difusión de unas grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas.
La jueza explica en el auto, facilitado este viernes a la prensa por el alto tribunal gallego y contra el que cabe presentar recurso, que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”.
Así, subraya que “no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial alguno que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.
La instructora destaca que la prohibición de difusión en medios de comunicación y redes sociales requiere autorización judicial “mediante decisión motivada que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción”.
Por tanto, recuerda que presupuesto esencial para la adopción de una medida restrictiva de un derecho es “la existencia previa de indicios racionales, y no meras conjeturas o sospechas, de la comisión de una infracción del artículo 197 del vigente Código Penal (descubrimiento y revelación de secretos)”.
“El denunciante relata que una publicación de 6 de mayo de 2023 de La Región contiene grabaciones de una conversación entre el alcalde de Ourense y terceras personas sobre una infracción en materia de tráfico; y el 8 de mayo de 2023, se publica otra información sobre uso de dinero en B con otras grabaciones de conversaciones”, explica la magistrada.
Una jueza que señala que el denunciante asegura que esos audios se basan en “conversaciones mantenidas o bien en el despacho o bien en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias”, por lo que sostiene que “solo pueden haberse obtenido mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido”.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el regidor municipal presentó una denuncia contra La Voz de Galicia, también denegó el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que decretase la retirada de los audios, así como que prohibiese su publicación.
En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación interesadas en los dos escritos de denuncia contra los dos diarios, tanto la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense como el titular del Juzgado de Instrucción número 1, entienden que deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes, es decir, los juzgados de instrucción a los que les corresponda por reparto, pues consideran que exceden de las competencias que tenían atribuidas durante sus funciones de guardia.
En el caso de La Región, el procedimiento ya ha sido repartido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, el cual devolvió la causa al número 3 para que resolviese sobre las medidas cautelares por ser el que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia. Una vez resuelta la solicitud de medidas cautelares, la magistrada ha emitido un auto en el que se ha inhibido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense para que resuelva sobre las diligencias demandadas.
Además de estas dos denuncias, esta semana el alcalde de Ourense volvió a presentar otra denuncia contra La Región, ampliatoria de la primera, debido a la difusión de nuevos audios, en la que vuelve a demandar la prohibición de publicación de las grabaciones. Por el momento, esa solicitud de medida cautelar está sin resolver.
La jueza explica en el auto, facilitado este viernes a la prensa por el alto tribunal gallego y contra el que cabe presentar recurso, que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”.
Así, subraya que “no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial alguno que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.
La instructora destaca que la prohibición de difusión en medios de comunicación y redes sociales requiere autorización judicial “mediante decisión motivada que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción”.
Por tanto, recuerda que presupuesto esencial para la adopción de una medida restrictiva de un derecho es “la existencia previa de indicios racionales, y no meras conjeturas o sospechas, de la comisión de una infracción del artículo 197 del vigente Código Penal (descubrimiento y revelación de secretos)”.
“El denunciante relata que una publicación de 6 de mayo de 2023 de La Región contiene grabaciones de una conversación entre el alcalde de Ourense y terceras personas sobre una infracción en materia de tráfico; y el 8 de mayo de 2023, se publica otra información sobre uso de dinero en B con otras grabaciones de conversaciones”, explica la magistrada.
Una jueza que señala que el denunciante asegura que esos audios se basan en “conversaciones mantenidas o bien en el despacho o bien en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias”, por lo que sostiene que “solo pueden haberse obtenido mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido”.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el regidor municipal presentó una denuncia contra La Voz de Galicia, también denegó el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que decretase la retirada de los audios, así como que prohibiese su publicación.
En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación interesadas en los dos escritos de denuncia contra los dos diarios, tanto la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense como el titular del Juzgado de Instrucción número 1, entienden que deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes, es decir, los juzgados de instrucción a los que les corresponda por reparto, pues consideran que exceden de las competencias que tenían atribuidas durante sus funciones de guardia.
En el caso de La Región, el procedimiento ya ha sido repartido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, el cual devolvió la causa al número 3 para que resolviese sobre las medidas cautelares por ser el que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia. Una vez resuelta la solicitud de medidas cautelares, la magistrada ha emitido un auto en el que se ha inhibido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense para que resuelva sobre las diligencias demandadas.
Además de estas dos denuncias, esta semana el alcalde de Ourense volvió a presentar otra denuncia contra La Región, ampliatoria de la primera, debido a la difusión de nuevos audios, en la que vuelve a demandar la prohibición de publicación de las grabaciones. Por el momento, esa solicitud de medida cautelar está sin resolver.
