nnn El Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia realizaron una propuesta conjunta para que se amplíe al 28 de septiembre el periodo de consultas del ERE en Alcoa San Cibrao, en un plazo en el que la multinacional estadounidense debe negociar una operación de venta "en exclusividad" con Liberty House -que forma parte del grupo GFG Alliance-, así como mantener la actividad en la fábrica.
Así figura en esta propuesta emitida por ambas administraciones tras celebrarse este martes en Madrid una reunión entre el secretario general de la Industria y la Pyme, Raül Blanco; el conselleiro de Economía, Francisco Conde; el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado; el responsable de Política Industrial y Sectorial de CCOO de Industria, José Manuel Casado; el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas; y el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.
Según señalan la Xunta y el Ministerio en un comunicado conjunto, se realiza esta propuesta "con el objetivo de lograr que se garantice el mantenimiento de la actividad industrial en la planta de Alcoa San Cibrao". "La ampliación del periodo de consultas tendrá como objetivo prioritario cerrar un acuerdo de compraventa, fijando el 27 de septiembre como fecha límite para conseguirlo. Si no se concreta dicho acuerdo, las partes que integran la comisión negociadora (Alcoa y comité de empresa) se reunirán el 28 de septiembre con el propósito de finalizar el periodo de consultas", señala este planteamiento hecho por ambas administraciones.
diálogo y consenso
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, pidió ayer a Alcoa y al comité de empresa de la factoría de San Cibrao que "ratifiquen su predisposición" a prorrogar el ERE hasta el 28 de septiembre, tal y como acordaron los gobiernos autonómico y central. Así, Conde agradeció al Ministerio de Industria, a los sindicatos y a la empresa, su "capacidad" para facilitar “la vía del diálogo y el consenso”. "Entendemos que es la única manera de poder lograr el objetivo que tenemos todos, que no es otro que mantener la actividad industrial y, sobre todo, mantener los puestos de trabajo", añadió.
Sobre esta propuesta de ampliación de las consultas para el ERE, que afecta a 534 trabajadores, Francisco Conde apuntó a los medios de comunicación que "hoy se abrió una oportunidad en la que es posible seguir trabajando en las próximas semanas". Para ello, agregó, es necesario que tanto "Alcoa como el comité de empresa ratifiquen su predisposición a prorrogar el periodo de consultas y se abrirá un nuevo periodo".
"Creemos que Galicia y la comarca de A Mariña se merecen esta oportunidad y en eso seguiremos trabajando", zanjó el titular del Ministerio de Industria de la Xunta.
El comité de empresa advierte de una "huelga más agresiva"
Los trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao no descartan con una "huelga más agresiva" si no avanzan las negociaciones con la dirección de la multinacional Alcoa, que plantea despedir a la mitad de a plantilla, adivirtió el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Los empleados prevén celebrar una asamblea para abordar la situación del proceso de despido colectivo de 534 empleados de la planta de aluminio, tras unas negociaciones la semana pasado que concluyeron en desacuerdo.
Zan indicó que los trabajadores examinarán la situación de las negociaciones en las que el comité aboga por una prórroga de seis meses para facilitar la venta de la factoría a la empresa británica Liberty House Group, perteneciente al conglomerado internacional Alliance GFC. De no ser este el caso, desde la dirección de Alcoa tienen un plazo de 15 días contados desde el último día de reunión para comunicar su decisión a la autoridad laboral.
Respecto a la posible convocatoria de una huelga indefinida en caso de no haber avances significativos, Zan recalcó que "en huelga ya estamos desde hace tiempo, ahora vamos a ver si la hacemos más agresiva o cómo hacemos". El representante de los trabajadores señaló que su intención es que "no se paren las cubas" de fundición del metal, lo que supondría el cierre de la actividad y graves dificultades técnicas para la venta de la fábrica.
Zan señaló que son los poderes públicos tienen que "obligar a la empresa a que acceda a una salida a toda esta problemática".
