La norma pretende reducir los actuales fallos que presenta el sistema hídrico de la Comunidad
n n n El Parlamento de Galicia aprobó ayer, con los votos favorables del grupo del PPdeG frente al rechazo del conjunto de la oposición, la nueva ley de medidas de garantía de abastecimiento de agua ante episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario. Concluye así el trámite parlamentario de una norma pensada para reducir los actuales fallos del sistema hídrico gallego y que en su debate en comisión incorporó algunas enmiendas formuladas por los grupos de la oposición, aunque no bastaron para conseguir su voto afirmativo en la sesión plenaria de ayer.
Así pues, este texto legislativo está pensado para reducir las fugas en los depósitos de agua y en todo el sistema de abastecimiento hasta umbrales por debajo del 20% y establece unos plazos mínimos para conseguir estos objetivos antes de tomar medidas impositivas. Los municipios dispondrán de dos años para actuar en las redes y localizar posibles fugas, además de un año adicional para ejecutar reparaciones o reformas antes de que comience a aplicarse un gravamen disuasorio en los costes del sistema cuya recaudación -establece la ley- será destinada a programas de mejora del abastecimiento de agua.
De igual forma, la norma respaldada en la Cámara autonómica insta a la Xunta y a las entidades locales a disponer de protocolos de actuación en casos de sequía o riesgo sanitario. De acuerdo con el parlamentario del PPdeG Gonzalo Trenor, el objetivo de esta ley es “blindar el abastecimiento” y detallar los instrumentos que persigan este fin, de modo que los municipios sean conscientes de sus responsabilidades y colaboren por cumplirlas.
Sin embargo, la norma recibió las críticas de una oposición que la entendió como “coercitiva” -en palabras del diputado del PSdeG Luis Álvarez- y que aseguró que se trata de un texto susceptible de ser modificado “de inmediato” tras su aprobación. Para Álvarez, la Xunta pierde “una oportunidad histórica” de elaborar un texto “con planificación y visión amplia” para abordar este tema y opta por un documento “sin compromiso presupuestario, transparencia ni planificación” que -vaticinó- “no dará respuesta a las necesidades y expectativas”.
En un sentido similar discurrieron el resto de intervenciones de portavoces de las fuerzas de la oposición, aunque el parlamentario del Grupo Común de Esquerda, Marcos Cal, fue más duro al sostener que se trata de una “ley negacionista, que no tiene en cuenta la emergencia climática” y que “obvia que la sequía vino para quedarse” como un “elemento propio” de la climatología gallega. A su vez, Luís Bará, del BNG, se refirió a la Xunta como “un conductor kamikaze que va en la dirección contraria” y que decide no aplicar políticas “alineadas en la lucha contra el cambio climático”. n
Así pues, este texto legislativo está pensado para reducir las fugas en los depósitos de agua y en todo el sistema de abastecimiento hasta umbrales por debajo del 20% y establece unos plazos mínimos para conseguir estos objetivos antes de tomar medidas impositivas. Los municipios dispondrán de dos años para actuar en las redes y localizar posibles fugas, además de un año adicional para ejecutar reparaciones o reformas antes de que comience a aplicarse un gravamen disuasorio en los costes del sistema cuya recaudación -establece la ley- será destinada a programas de mejora del abastecimiento de agua.
De igual forma, la norma respaldada en la Cámara autonómica insta a la Xunta y a las entidades locales a disponer de protocolos de actuación en casos de sequía o riesgo sanitario. De acuerdo con el parlamentario del PPdeG Gonzalo Trenor, el objetivo de esta ley es “blindar el abastecimiento” y detallar los instrumentos que persigan este fin, de modo que los municipios sean conscientes de sus responsabilidades y colaboren por cumplirlas.
Sin embargo, la norma recibió las críticas de una oposición que la entendió como “coercitiva” -en palabras del diputado del PSdeG Luis Álvarez- y que aseguró que se trata de un texto susceptible de ser modificado “de inmediato” tras su aprobación. Para Álvarez, la Xunta pierde “una oportunidad histórica” de elaborar un texto “con planificación y visión amplia” para abordar este tema y opta por un documento “sin compromiso presupuestario, transparencia ni planificación” que -vaticinó- “no dará respuesta a las necesidades y expectativas”.
En un sentido similar discurrieron el resto de intervenciones de portavoces de las fuerzas de la oposición, aunque el parlamentario del Grupo Común de Esquerda, Marcos Cal, fue más duro al sostener que se trata de una “ley negacionista, que no tiene en cuenta la emergencia climática” y que “obvia que la sequía vino para quedarse” como un “elemento propio” de la climatología gallega. A su vez, Luís Bará, del BNG, se refirió a la Xunta como “un conductor kamikaze que va en la dirección contraria” y que decide no aplicar políticas “alineadas en la lucha contra el cambio climático”. n
