Denuncian las deficiencias del sistema privado por la falta de medios humanos y materiales, y la inestabilidad laboral

Los bomberos gallegos se movilizarán desde octubre para pedir un servicio público de emergencias y un estatuto profesional

Los bomberos de los parques comarcales consorciados y los sindicatos retomarán las movilizaciones a partir del próximo mes de octubre si la Xunta no atiende las demandas de este colectivo, que lleva varios años demandando la creación de un servicio público gallego de prevención, extinción de incendios y salvamento, y un estatuto profesional propio.
El conflicto laboral se presentará con una nueva tabla reivindicativa, que se suma a los dos manifiestos anteriores de 2004 y 2007. El primero denunciaban la inexistencia en Galicia de un ‘adecuado marco de seguridad’ y criticaba que ‘un servicio público esencial se convirtiera en un negocio lucrativo puro y duro en manos de empresas privadas’.

El segundo manifiesto volvía a rechazar la privatización de la gestión de las emergencias y abría un largo periodo de negociaciones con la Xunta, con el objetivo de rescatar las concesiones para la gestión directa del servicio por parte de las administraciones públicas.

La Lei de Emerxencias de Galicia creada en 2007 establecía que a los seis meses de su entrada en vigor se elaborase un plan director de servicios contra incendios y salvamento, y se crearan los consorcios provinciales. El calendario --cuyos plazos se incumplieron-marcaba el desarrollo, transcurrido un año, de un reglamento del bombero profesional para regular sus derechos y obligaciones, las condiciones de salud laboral, o las dotaciones mínimas de los parques, entre otros aspectos.

El ‘entendimiento’ y los ‘avances’ que, según los sindicatos, se habían logrado con el anterior Gobierno de la Xunta para ‘ir a la gestión pública del sistema’, como admite la portavoz de Xustiza del grupo parlamentario socialista, Beatriz Sestayo, quedaron ‘en el cajón del olvido’ desde la victoria del PP en las últimas elecciones autonómicas. ‘Fueron dos años de trabajo y de repente todo ha desaparecido’, lamentan los representantes sindicales ante las señales de ‘retroceso’.

CONSORCIOS

Los sindicatos y los bomberos pretendían aprovechar el momento actual, en el que concesiones como la del parque comarcal de O Salnés, están próximas a caducar, para proponer que los consorcios provinciales fuesen asumiendo directamente su gestión. Si se cumpliera el marco temporal fijado en la Lei de Emerxencias, la Xunta tendría tres años para homogeneizar las prestaciones y las condiciones del servicio en toda Galicia. No obstante, la situación es desigual y así, en parques como el de Verín, acaban de renovar el contrato a la empresa concesionaria.

Actualmente, lo está constituido el consorcio provincial de A Coruña, al que pertenecen los diez parques comarcales de Arteixo, Betanzos, Arzúa, Ordes, As Pontes, Ribeira, Boiro, Cee, Carballo y Santa Comba, que cuentan en conjunto con 174 bomberos, y para el que se estudia la creación de otros dos en Santiago y Ames. Por contra, el consorcio que se había aprobado para la provincia de Lugo --cuyos cinco parques en Sarria, Chantada, Barreiros, Viveiro y Vilalba tendrían que estar operativos en 2010-iba a ser ‘el primero de gestión directa’, pero la oferta pública se ha ‘paralizado’ y todo está ‘en el aire’.

PRESIONES

El PSOE y los sindicatos coinciden en denunciar ‘presiones’ desde la Xunta ‘en favor de la privatización de los servicios para condicionar su financiación’. Sestayo, quien esta semana reclamó la constitución de los consorcios provinciales, recrimina al PP ‘que desmantele el sistema gallego de emergencias, sin ofrecer alternativa, para transformarlo una vez más en un negocio para los amigos’.

En cuanto a los consorcios --aún pendientes-de Ourense y Pontevedra, el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, sostiene que la fórmula de gestión ‘no es una decisión arbitraria de la Xunta, sino de cada consorcio, en función de los estudios de operatividad que se están realizando’. Sin embargo, la Diputación de Pontevedra ya ha expresado su apuesta por la creación de un consorcio provincial de bomberos ‘con gerencia única y gestión indirecta’ de los parques existentes en Ribadumia, Vilagarcía, Bueu, Porriño y Silleda, donde trabajan 84 bomberos, a los que en el futuro podrían añadirse otros parques en las zonas de Caldas, Baixo Miño y O Condado.

Precisamente, el de Silleda es el parque comarcal más antiguo en Galicia y, a diferencia de los demás, es el único servicio público de gestión directa, con 20 bomberos adscritos como personal laboral.

Este es el sistema que reclaman los sindicatos y los trabajadores del sector, que amenazan con protestas contundentes ‘para impedir que se cree en Galicia un modelo de gestión privatizada de las emergencias, que no existe ni en España ni en Europa’, afirma el responsable de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO., Castor Fernández.

Por otra parte, los sindicatos advierten que en Galicia se están ‘vulnerando’ leyes de regulación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento vigentes en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia o Aragón, donde los bomberos son funcionarios y tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. ‘Se llegó a plantear un recurso contencioso, que no prosperó por defectos de forma’, explicó Fernández.

Así, su propuesta consiste en demandar, en primera instancia, la conversión en ‘personal laboral de consorcios públicos’ de los trabajadores contratados por las empresas privadas que actualmente ostentan la concesión de los servicios de emergencias, que en Galicia son Veicar, Celta Prix, Natutecnia y Einfor. ‘Luego, los servicios jurídicos tendrían que determinar la fórmula más adecuada para actuar con plenas garantías legales’, añade CC.OO.

DEFICIENCIAS

La ‘falta de personal’ es la queja más extendida entre los bomberos de los parques comarcales, que se enfrentan a turnos de únicamente ‘dos o tres personas’ para atender un territorio muy amplio, con la consiguiente ‘merma en la eficiencia del servicio’. El incendio que esta semana destruyó una fábrica de redes en Boiro es el ejemplo más reciente, ya que ‘además de los que acudieron inicialmente, hubo que llamar al resto a sus casas’, aseguran fuentes próximas a los afectados.

Pero los bomberos comarcales denuncian más deficiencias en parques como el de O Morrazo, ‘el único de Galicia que no tiene gimnasio ni zona de prácticas’, donde las emisoras de los camiones ‘no funcionan por falta de cobertura y repetidor’, y falta material ‘que tarda mucho en reponerse si se estropea’. Según los trabajadores, la tendencia a ‘escatimar medios’ por parte de la dirección de estas empresas privadas llega a recriminarles el uso de ‘espuma o extintores en vez de agua’ para sofocar un incendio, o aplicar medidas para reducir el gasto de combustible en los vehículos.

Además del ‘miedo a posibles represalias’, a los bomberos también les perjudica el acceso limitado a la formación continua por parte de las empresas, a la que acceden ‘con cuentagotas’, o la falta de estabilidad laboral. Los bomberos pertenecientes a parques públicos municipales, como Vigo o Lugo, también apoyan las reivindicaciones de sus homólogos comarcales, argumentando que el sistema privado es ‘más caro con menos personal’, y que se trata de un servicio ‘esencial’ para la población.

‘Las emergencias no son rentables’, insiste Castor Fernández, quien considera ‘impensable’ que este servicio se atienda ‘pensando en términos económicos, como es propio de las empresas privadas’. Por eso, los sindicatos y los propios bomberos pretenden con esta próxima campaña de movilizaciones ‘sensibilizar a la sociedad’ para impedir la consolidación en Galicia de un modelo de gestión ‘tan salvaje’ que, como ya alertaban cinco años atrás, ‘resulta preocupante para la seguridad de los ciudadanos’.

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