El intento del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de que dos trabajadores municipales asumiesen la multa interpuesta en Vigo a su coche adscrito a Alcaldía un sábado por la noche por exceso de velocidad, como desveló el viernes este periódico, acabará en los juzgados, mientras la oposición pide la dimisión del regidor.
El BNG movió pieza rápidamente y ayer por la mañana -tras conocer el audio a través de La Región en el que el alcalde pedía a dos funcionarios que dijeran que eran ellos los que conducía, semanas antes de conseguir que su amigo y ahora número 6 en las listas de DO, Rafael Martínez Cachafeiro, se identificase como conductor- presentó una denuncia en el Juzgado de Guardia, para poner en conocimiento de la Fiscalía “feitos que poden ser constitutivos de delito”.
Los parlamentarios Noa Presas y Iago Tabarés acompañaron al portavoz y candidato nacionalista en la ciudad, Luis Seara, que en el escrito de denuncia atribuye las presiones de Jácome a funcionarios para falsear la identificación de una multa como un posible delito de “falsidade documental”. Como precisó Tabarés, a raíz de la reforma del artículo 432 bis del Código Penal que aprobó el Gobierno central, “a utilización privativa de bens públicos constitúe delito”.
Seara, por su parte, declaró que los audios publicados por La Región revelan que Jácome “mentiu de forma deliberada e reiterada” y se preguntó “cantas veces máis nos terá mentido este alcalde”. El portavoz nacionalista instó a Jácome a presentar su dimisión en ese mismo momento, “pero xa sabemos que non vai facelo”, prosiguió, por lo que pidió a la ciudadanía “que o 28 de maio poñan fin a esta situación de indecencia e indignidade” y elijan a “os que representamos a decencia política” frente a los que emplean las instituciones para “o seu único e exclusivo medre persoal”.
Los nacionalistas relacionaron también la multa del alcalde con la interpuesta al presidente de la Diputación, lo que, según Seara, viene a demostrar que “Baltar e Jácome son as dúas caras da mesma moeda e que DO é a marca branca do PP”.
Los servicios jurídicos el PP de Ourense estudiaban ayer si acudir a la vía judicial para que se investigue la posible comisión de un delito por parte del alcalde, analizando el caso en base a hechos similares presentados ante la Justicia, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se considera que identificar falsamente a un conductor por una infracción de tráfico podría ser considerado como un delito de falsedad documental.
“A tenor del contenido del audio, intentar suplantar la identidad del conductor de un vehículo engañando a la Dirección General de Tráfico, y a la sociedad en su conjunto, no solo es un hecho gravísimo, sino que también contribuye sobremanera al deterioro continuado de la imagen de nuestra ciudad”, apuntaron fuentes populares. En ese sentido, señalaron que los hechos desvelados por La Región suponen “una nueva prueba del daño irreparable” que el alcalde está provocando a la capital, situándola continuamente en el foco de la actualidad nacional como “una ciudad donde reina la anomalía política y se suceden los espectáculos políticos denigrantes”.
Desde el PSOE, principal partido de la oposición, pidieron a la Justicia una investigación sobre los posibles delitos en los que habría incurrido, como “coacción do funcionariado, suplantación de identidade e malversación de caudais públicos”, además de la falsedad documental. El grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Natalia González, mostró su “fonda inquedanza” por el comportamiento mostrado por Jácome en las grabaciones y las “consecuencias” que este mandato tendrá por la ciudad, precisando la “responsabilidade” del PP por “colocalo onde está”. Recordaron que en muchas ocasiones advirtieron de que Jácome es “unha persoa que entende o goberno como unha empresa privada para facer negocio”, y estas grabaciones demostrarían que “se confirman as sospeitas”.
Además, los socialistas pidieron explicaciones al alcalde sobre la identificación de Rafael Martínez Cachafeiro como conductor del coche multado, después de haberlo intentado con funcionarios. “A multa do coche que conduce sempre foi aboada, identificouse e quitáronlle os puntos a un funcionario que non está autorizado para conducilo e que se incorporou agora á súa lista”, relató González.
