Apoyo de constructores y conservadores y críticas de usuarios y transportistas

Tramo de la Autovía Rías Baixas.
photo_camera Tramo de la Autovía Rías Baixas.
Los colectivos critican la situación de abandono de parte de la red estatal

La Asociación Española de la Carretera (AEC) aplaudió la intención del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías del país a partir del año 2024, como respuesta al déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras y al impacto que la circulación tiene en el medio ambiente. A esta organización se suma también el apoyo que la patronal de las empresas de construcción, Seopan, mostró durante los últimos años a cualquier medida encaminada a introducir peajes para solventar ese elevado déficit, que ha ido engordando progresivamente con la reversión al Estado de varias autopistas.
Asimismo, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) señala  que la prioridad es conservar las carreteras, que son un servicio público más, ya sea con peajes, con un incremento presupuestario o con la llamada "viñeta", que es una tasa anual única para todo propietario de un vehículo.
AEC defiende que, a partir de 2009, con los sucesivos recortes en los presupuestos públicos, el patrimonio que acumulan las carreteras españolas, valorado en 215.000 millones de euros, "ha sido abandonado a su suerte". En concreto, los recursos económicos destinados a la carretera se han desplomado casi un 80% en la última década.
Actualmente, el 82% de la red viaria interurbana de alta capacidad española, la más extensa de la Unión Europea, es gratuita, aunque existe "una gran desigualdad territorial", ya que cuatro comunidades autónomas concentran el 52% de la red de peaje, en contraste con el modelo vigente en Europa, donde 23 tienen tarificado el 100% de su red de gran capacidad.
Tras trascender la intención del Gobierno, la AEC retomó un modelo que ya ha venido proponiendo desde hace años y que consiste en un "bono de movilidad", que se basa en una circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta un máximo de 10.000 kilómetros para turismos y 50.000 kilómetros para pesados. A partir de ahí, el peaje ascendería a 3 céntimos y 10 céntimos, respectivamente, en todas las redes viarias, con la posibilidad de modificar variables en función de las necesidades, como horas valle, horas punta, nivel de servicio, emergencias, tipos de vía o necesidades ambientales.

Las críticas

La medida también cosechó numerosas críticas tras conocerse la intención del Gobierno de establecer estos peajes a partir de 2024. Así, la organización de consumidores Facua la rechaza argumentando que perjudicará a los usuarios con menor poder adquisitivo, mientras la OCU denuncia que se trataría de un triple gravamen para los ciudadanos que ya pagan impuestos por circular, aunque admite "la necesidad de una financiación adecuada del mantenimiento de todas las vías de circulación, pero sin un claro afán recaudatorio".
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) también se ha posicionado en contra aludiendo a esa misma "presión fiscal" que ya tiene la carretera o al impacto negativo en la competitividad de la economía española. La propuesta inicial del Gobierno, no obstante, excluiría a los transportistas del pago del peaje, que sería asumido por los cargadores.

Te puede interesar