Alcoa comunicó ayer de manera formal su negativa a la venta de la fábrica de San Cibrao a Liberty House, potencial comprador, y también a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y fracasó posteriormente en la negociación del ajuste de empleo ideado para la única planta de aluminio primario que queda en España pues, tras un largo encuentro con los sindicatos, han quedado rotas las negociaciones con la multinacional americana.
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, informó a la prensa congregada en el Pazo de Cea, en Nigrán (Pontevedra), de la situación actual y avanzó que este martes a las siete de la mañana celebrarán un acto de protesta muy importante justo al lado de la factoría, situada en el ayuntamiento lucense de Cervo, a 280 kilómetros del municipio pontevedrés al que ayer se trasladaron para mantener este infructuoso encuentro.
Alcoa mantuvo durante las seis semanas en las que ha durado el proceso para una eventual transacción el mismo discurso, el de que no podía atender las "demandas poco razonables" del grupo siderúrgico británico, el cual a su vez no veía la "oferta equilibrada" de la que ha estado hablando la propietaria, incluso ayer mismo vía comunicado.
Desacuerdo con la SEPI
En el caso de la SEPI, el desacuerdo de Alcoa con una compra temporal estuvo motivado por una serie de cuestiones que impiden llegar a un entendimiento en "condiciones razonables", entre ellas, pero no exclusivamente, según la firma dueña de este emporio industrial, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería.
Esta larga jornada, que se saldó con una operación comercial abortada y sin avances en el caso del ERTE, arrancó a las 09,30 horas con la última reunión de la mesa multilateral en la que se constató de manera fehaciente que Alcoa no iba a ceder con San Cibrao. Tras ese encuentro telemático, la multinacional estadounidense mantuvo la convocatoria en Nigrán de la asamblea preceptiva para avanzar en un ajuste de empleo.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, lamentó en sus palabras a la prensa un hecho que desconocían, y se trata de que Alcoa llegó a condicionar a "despidos firmados" la ampliación de un hipotético entendimiento con la SEPI para una eventual transacción sin que de tal movimiento tuviese constancia alguna la plantilla. "No se puede negociar de este modo", recriminó Zan, y añadió que, si es preciso, haya una intervención, toda vez que la autoridad laboral, -ha dicho-, ya ha remitido dos requerimientos a Alcoa para que deje la "mala fe".
En la reunión de Nigrán se intentó debatir desde la una de la tarde hasta cerca de las nueve, con un par de recesos por medio, la negociación de las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y, en caso de que no hubiera acuerdo, la aplicación de un ERE -un despido colectivo- que podría afectar a 534 trabajadores de la fábrica de aluminio, así como a los empleados de las compañías auxiliares.
Los trabajadores piden al Gobierno la intervención para evitar el cierre
El comité de empresa sigue reclamando al Gobierno central que, llegado el caso, intervenga la fábrica para evitar su cierre, pues creen que la propuesta de Alcoa pasa por realizar una “hibernación ordenada de las cubas de electrolisis”, una “línea roja” que este órgano no está dispuesto a traspasar. Los representantes de los trabajadores recuerdan que las cubas de electrolisis son el verdadero “corazón de la fábrica”, de modo que su parada supondría la “muerte” del complejo industrial. El comité insiste en que cualquier acuerdo debe cimentarse sobre la premisa “de mantener el 100% de la producción” y, consecuentemente, de los puestos de trabajo.
Alcoa vendió en 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las mismas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Este grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.
