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Los testigos del 8M aseguran que no recibieron "presiones"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el miércoles ante el Juzgado.
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Trabajadores y responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid declaran ante la jueza

nnn Los testigos que declararon ayer ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8M han rechazado haber recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus manifestaciones por el coronavirus.
Las 15 declaraciones previstas para ayer transcurrían con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien ha pedido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que le comuniquen "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias".
Por su parte, la Fiscalía ha dado un nuevo paso y ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial para que anule buena parte de las decisiones adoptadas por la jueza. El argumento es el mismo que esgrimió ante Rodríguez-Medel y que ésta desestimó: su celeridad en la instrucción mientras los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma ha generado indefensión al único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Por el juzgado número 51 han pasado trabajadores y responsables de diferentes áreas de la Delegación y varias de las personas que pretendían celebrar manifestaciones aquellas semanas de comienzos de marzo y que finalmente desconvocaron o no recibieron autorización por parte de esa administración.

“no debía celebrarse"
En la sesión de la mañana ha comparecido el jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien reiteró ante la jueza que, aunque no es virólogo, en su opinión la manifestación del 8M no se debería haber producido. Y han testificado los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez Gracia e Ignacio Ortíz Salazar, y dos auxiliares administrativas.
Jesús Martín Vázquez, letrado de Unión de Oficiales (UO), asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha comentado que, según testigos, todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.
La jueza también ha escuchado a varios de los convocantes de manifestaciones y la mayor parte de ellos, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha negado haber recibido presiones para desconvocar, han informado fuentes jurídicas.
En cambio, otros como Luis Concha del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, suspendieron sus actos un día antes de su celebración, el 11 de marzo, sin haber recibido comunicación previa de la Delegación del Gobierno. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha advertido a la jueza que la Guardia Civil hizo una "mala interpretación" de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron.

Almeida asegura que no disponían de información

 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió ayer que el Ayuntamiento, entre el 5 y el 9 de marzo, no disponía "de la información de la que se podía disponer en otras administraciones" sobre la covid-19 a la hora de poder autorizar o denegar eventos multitudinarios.
Así lo ha expresado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad al ser requerido por la petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para que informen sobre los "eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo" y si algún acto así fue "suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19".
Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluye en su providencia los "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros".
"Vamos a cooperar, como no podía ser de otra manera", ha manifestado el regidor, que no tiene "ningún temor ni ningún miedo a que se puedan producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid".
La juez ha pedido esta información después de tomar declaración como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien aseguró que antes del 8 de marzo no había "ningún elemento" para prohibir la manifestación del Día de la Mujer, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y siempre se cumplió la ley. Explicó además que antes de esa fecha tuvo conocimiento de algunos avisos sobre la propagación del coronavirus, y aseguró que nunca recibió ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias competentes.n

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