nnn El Gobierno ha movido ficha a través de los grupos parlamentarios de los socios que conforman el Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y presentó una reforma legislativa para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de meter al PP presión para su renovación. La decisión fue adoptada ayer mismo por el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la negativa del PP a consensuar una nueva composición del órgano de gobierno de jueces y magistrados. Aunque su mandato venció hace más de dos años, ello no le ha impedido seguir adoptando decisiones, por ejemplo sobre nombramientos.
Sigue congelada la otra reforma también promovida por los dos socios del Gobierno para modificar el sistema de elección de una parte de sus vocales, de modo que ya no hiciera falta el apoyo parlamentario del PP. También fue una iniciativa del mismo Sánchez, en un gesto con el que pretendía tender una mano a este partido para facilitar el acuerdo. Sin embargo, aquel movimiento no dio frutos y por eso optó por presionar más a los populares cercenando la capacidad de maniobra que mantiene el CGPJ pese a estar "en funciones".
Se trata de una proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registraron ayer por sorpresa en el Congreso, cuya presentación no implica la retirada de la reforma del sistema de elección y que busca limitar cuanto antes las facultades del Consejo, con la idea de debatirla antes de que acabe el año. El PP, como principal destinatario de esta nueva apuesta, aseguró, no obstante, que "no va a entrar" en este juego de presión.
“radicalizado y extremista"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "intenta atacar la independencia del Poder Judicial" porque "quiere mandar en todos los poderes del Estado" y "no se conforma con el Ejecutivo y el Legislativo, aunque vaya en contra" de lo que dice la UE y Constitución. Casado acusó a Sánchez y su "partido sanchista" de crear "problemas". A su entender, el Partido Socialista "ha desaparecido en manos de un proyecto personal, radicalizado y extremista".
“En la Moncloa solo ocupa ver qué señuelo saco hoy para ver si pica la oposición: no, nosotros, a lo que importa de verdad; nosotros, a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo”, zanjó.
Desde otras formaciones, el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de pretender "asaltar" de nuevo el Poder Judicial "al más puro estilo bolivariano" con su proposición de ley. "La única manera de mantener la independencia judicial es que sean los propios jueces los que, de manera independiente, elijan a los jueces y magistrados que les representan, es decir, que los políticos saquen sus manos de las instituciones judiciales", defendió Espinosa de los Monteros.
Por su parte el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, calificó la propuesta de otra "contrarreforma ideológica".
La cúpula judicial ve la iniciativa un "insulto" a su independencia
La proposición restringe la limitación de funciones a los casos en que el mandato del CGPJ esté caducado, lo que permitiría aplicarlo al órgano actual sin tener que esperar a la otra modificación legislativa cuyo propósito sería rebajar a mayoría absoluta el apoyo parlamentario necesario para renovar una parte de sus vocales desde los dos tercios ahora requeridos. La iniciativa plantea recortar sus principales funciones, como la de participar en la selección de nuevos jueces y magistrados, resolver los ascensos, la provisión de destinos, ejercer la alta inspección de los tribunales o elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley.
Unos cambios que no han gustado a los actuales vocales del CGPJ, quienes los consideran un "insulto" a su independencia, dudan de su constitucionalidad y apuntan a un "evidente manejo" desde la política hacia un poder del Estado. Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada, la de la Proposición de Ley, una fórmula de tramitación legislativa "express" que "hurta" al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente lamentan que solo se busque "vaciar de contenido las funciones del Consejo" ante la "incapacidad" de los partidos para renovarlo.
Solo Jueces y Juezas para la Democracia entiende que el Gobierno "busque fórmulas alternativas legales" para el desbloqueo.n
