El Congreso de los Diputados autorizó ayer la segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril con la mirada puesta en el debate de una tercera, que la alargaría hasta el 11 de mayo, tras anunciar el presidente, Pedro Sánchez, que volverá a solicitarla dentro de dos semanas. Un total de 270 votos a favor consiguió el Ejecutivo para llevar el estado de alarma vigente al menos hasta el próximo día 26, lo que supone un nivel de apoyo muy elevado a pesar de registrar los primeros noes, los de Vox (52) y la CUP (2).
La votación tuvo lugar en un hemiciclo otra vez casi vacío para evitar contagios por coronavirus y después de un debate tenso. Sánchez citó para la semana que viene a los partidos políticos para comenzar a hablar de los nuevos Pactos de la Moncloa que quiere impulsar, aunque el pleno de ayer dejó clara la profunda división política que hay por la crisis del coronavirus y su gestión.
Mantener el estado de alarma sigue siendo "esencial", advirtió Sánchez, quien insisitió en pedir la lealtad de la oposición, porque "no se puede vencer la pandemia si no hay una unidad en torno al Gobierno". Una unidad que cree imprescindible también en Europa. Ha advertido de que el proyecto europeo está "en peligro" si la UE no aplica la solidaridad "sin fisuras" ante esta crisis, con emisión de eurobonos ahora y más adelante con un nuevo Plan Marshall.
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Y reclamó a los demás partidos, con especial énfasis al PP, que ejerzan su "influencia" ante sus correligionarios europeos para hacer ver que esta crisis no distingue entre norte y sur o izquierda y derecha y debe abordarse de forma global. "Solo el que no cree en la política como instrumento para el acuerdo renuncia al acuerdo antes de intentarlo", advirtió Sánchez al pedir a los partidos que acudan a su cita para buscar un gran acuerdo nacional, en el que quiere que estén también los agentes sociales y las comunidades autónomas.
Pero su apuesta recibió muchas reticencias y poca disposición por parte de los líderes políticos. "Difícilmente puede aspirar a reescribir la Transición quien no negocia un decreto", dijo el líder del PP, Pablo Casado, quien también acusó a Sánchez de dar un "portazo" a cualquier acuerdo al permitir los "insultos" y las "difamaciones" de los socialistas contra su partido. Casado cree, además, que con este pacto Sánchez sólo pretende "tapar su fracaso" y diluir responsabilidades en la gestión de la crisis.
Ni él ni el líder de Vox, Santiago Abascal, confirmaron si acudirán a la cita. Abascal reprochó a Sánchez que busque unos pactos de reconstrucción cuando antes hay que evitar más "destrucción" y de nuevo pidió la dimisión del presidente y de Pablo Iglesias, por encabezar el Gobierno que ha hecho "la peor gestión del mundo en esta tragedia". Los mayores cruces de reproches los tuvo Sánchez tanto con Casado como Abascal, en este debate en el que el presidente criticó las "palpables falsedades" que en su opinión está difundiendo la derecha durante esta crisis.
Más proclive a pactar se mostró Ciudadanos. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, pidió a Sánchez que "coja la mano" de Cs, porque es "una mano leal", pero le ha advertido de que esto no supone "un cheque en blanco" si no cumple los compromisos adquiridos.
El PNV expresó su apoyo a la prórroga de la alarma, pero su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, reclamó a Sánchez más diálogo a la hora de tomar decisiones y aprobar medidas. Una exigencia a la que el presidente replicó advirtiendo de que esta crisis lleva a tomar decisiones "no en horas, en minutos", pero insistió en que el Gobierno trata de consensuar sus actuaciones.
El Gobierno cuantifica en 128.288 millones el impacto de las medidas frente a la crisis
El Gobierno cuantificó en 128.288 millones de euros el impacto económico de todas las medidas adoptadas ante la emergencia provocada por la expansión del virus COVID-19, según detalló en el Congreso el presidente Pedro Sánchez. Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja, a la que acudió para solicitar la prórroga del actual estado de alarma, Sánchez aseguró que se trata de "la mayor movilización de recursos públicos de la historia democrática".
De este importe, 119.000 millones de euros se dirigen a medidas económicas, 4.600 millones a cuestiones sanitarias, 3.400 millones a medidas laborales y más de 1.100 millones a medidas de carácter social. De todas las medidas, el dirigente socialista recordó la apertura de una línea de avales de 20.000 millones de euros desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), anunciando una segunda línea de otros 20.000 millones para el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este fin de semana.
Según las estimaciones, más de 1,3 millones de empresas y autónomos se beneficiarán de esta línea de avales públicos, dirigida a garantizar la liquidez de los negocios, y un total de 130.000 empresas de la ampliación del límite de endeudamiento hasta 10.000 millones de euros, para aumentar las líneas de financiación. "Queremos que todas las actividades que son perfectamente viables, pero que están teniendo dificultades transitorias, puedan superar este bache, que es temporal, y puedan continuar con su actividad", ha subrayado Sánchez.
Por otro lado, el presidente del Gobierno detalló que más de 588.000 autónomos ya han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada por el Gobierno, habilitada para aquellos que hayan visto reducida su facturación en un 75%. Las previsiones pasan por que hasta un millón de trabajadores por cuenta propia la soliciten.
En materia del alquiler, las estimaciones del Gobierno pasan por que las medidas dirigidas a proteger a los inquilinos beneficien hasta 1,2 millones de personas.
