La privatización de los servicios sanitarios crece en toda España, si bien la Comunidad de Madrid y Cataluña se mantienen a la cabeza como las autonomías con más gasto sanitario privado por habitante y año, y más dinero destinado a la contratación con centros privados.
Así consta en el noveno informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización de las comunidades, que denuncia la “deriva privatizadora” del sistema sanitario y un ejemplo de ello es que el gasto en conciertos con centros privados aumentó en todo el país un 8,98%, según los últimos datos.
El informe mantiene a Madrid como la autonomía con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios de toda España con una puntuación de 32 puntos en una escala donde el máximo es 33, seguida de Cataluña (29), Baleares (27) y Canarias (24). Y es que un madrileño desembolsa al año 919,73 euros en aseguramiento privado y gastos sanitarios “de bolsillo”, es decir, consultas a especialistas, medicinas no financiadas y copagos, y en el caso de un catalán, el desembolso es de 808,13 euros.
El informe revela que Cataluña es la autonomía que más porcentaje de gasto sanitario dedica a la contratación con centros privados, un 23,9%, seguida de la Comunidad de Madrid, 11,7%. A estas autonomías le sigue Baleares, que destina un 8,6% de su partida sanitaria a los conciertos privados; Canarias, un 7,3; y País Vasco, con el 6,7 %, todas ellas por encima de la media nacional (6,6%). Castilla y León es la autonomía que menos presupuesto sanitario dedica a contratar con centros privados, el 2,8%. Le sigue Aragón, con el 3,7% y Andalucía, 3,9%.
Según el informe, “un aumento de la financiación pública hacia el sector privado produce un incremento de la mortalidad evitable y ello se debe a que va unida a una desfinanciación paralela de los centros de gestión pública”.
El informe constata que la privatización aumenta en todas las comunidades aunque la intensidad es mayor o menor según qué territorio.
Cantabria es la comunidad española con menor grado de privatización sumando 13 puntos sobre un máximo de 33 posibles. Este resultado la coloca a 19 puntos de diferencia de la Comunidad de Madrid. Para la FADSP, estas “diferencias excesivas” suponen una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Cantabria repite como comunidad menor nivel de privatización en el ámbito sanitario, igual que Extremadura, con 14 puntos, y Castilla-La Mancha, con 15. Con un grado intermedio de privatización se sitúan, por orden de menor a mayor, País Vasco, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Navarra.
