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El Poder Judicial exige a Pablo Iglesias "prudencia y mesura"

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El Poder Judicial exige a Pablo Iglesias "prudencia y mesura"

Iglesias y Julio Rodríguez, con agentes encargados de la vigilancia de la sede de la vicepresidencia.
photo_cameraIglesias y Julio Rodríguez, con agentes encargados de la vigilancia de la sede de la vicepresidencia.
El órgano de gobierno de los jueces carga contra los ataques del vicepresidente a los tribunales

 La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió ayer una declaración institucional en la que pide "moderación, prudencia y mesura" al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien insta a abstenerse de hacer una "utilización política de la Justicia" y "cuestionar su independencia". La declaración se produce en respuesta a una entrevista televisiva a Pablo Iglesias en la que afirmó que resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual supone una "humillación para el Estado".
"La Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial", dice el texto.
La declaración, que repasa la actuación judicial ante el golpe independentista catalán, fue suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, algunos designados a propuesta del PSOE y otros por el PP.

Cumplimiento de la ley
"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", subraya el comunicado.
Según el órgano de gobierno de los jueces, "esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos".
En referencia a las palabras de Iglesias sobre los pronunciamientos de tribunales europeos sobre el "procés", la declaración institucional del CGPJ recuerda que "sólo existen" dos resoluciones al respecto. Por un lado, la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre de 2019 sobre la inmunidad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y la del TEDH que avaló la suspensión de un pleno del Parlament en octubre de 2017 en el que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

Después de conocer estas críticas, el Gobierno apeló al respeto "a la libertad de expresión" y al "derecho de crítica". En un comunicado, el Ejecutivo considera que es "tiempo de dialogar" y de llegar a acuerdos para reforzar las instituciones y en este contexto enmarca la necesidad de abordar la pendiente renovación del CGPJ. Para el Ejecutivo, es deber de todos velar por el "correcto funcionamiento de la Justicia" y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno "evitando que su acción se resienta por el bloqueo". 

La designación de Delgado, a examen envuelta en polémica

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe comprobar hoy que Dolores Delgado, que ayer renunció a su escaño como diputada por el PSOE en el Congreso, cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado, un trámite siempre superado por los candidatos en las últimas décadas, pero rodeado de polémica en no pocos casos. La propuesta de la hasta ahora titular del Ministerio de Justicia ha causado estupor en buena parte la carrera judicial y fiscal, así como de frontal rechazo en los grupos de la oposición, y se augura un debate intenso en el seno del CGPJ, con una mayoría de vocales de tendencia conservadora.

El informe de idoneidad del CGPJ es preceptivo, pero no es vinculante, y, en principio, debe centrarse en si la candidata cumple las exigencias del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. 
"En el caso de Delgado el debate no va a durar cinco minutos", auguran a Efe fuentes del actual Consejo, que ya se han pronunciado sobre cuatro propuestas de fiscales. Lo han hecho sin mayores discrepancias y así debería ocurrir mañana, precisan otras fuentes, que, no obstante, reconocen el eterno debate sobre si el CGPJ debería ir más allá de una mera valoración técnica.

Nunca el responsable de Justicia pasó de forma directa a la Fiscalía General del Estado, aunque sí hay un precedente similar en Javier Moscoso, ministro de la Presidencia con Felipe González que fue propuesto en 1986. n

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