El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó al Gobierno que active a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para actuar a través de la Ley de Partidos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral con el objetivo de impedir que Bildu lleve “asesinos” en sus listas ante los comicios de mayo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), calificó a Bildu de “anomalía democrática” y planteó una posible ilegalización si no cumple la Ley de Partidos “teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre”. “Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún Parlamento, en ningún Ayuntamiento, en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista”, dijo Ayuso.
Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo que la decisión de una posible “ilegalización” de EH Bildu “compete” al “poder judicial” en un Estado de derecho como el español.
La posición de Vox es más clara en el debate nacional sobre las listas de Bildu. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa, declaró en televisión: “Nuestra posición es la misma en toda España. Vox dice y actúa, el PP dice a otros que hagan”. Vox registró el viernes una iniciativa en el Congreso en la que pide ilegalizar la formación política EH Bildu.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajó ayer a la arena. Acusó al PP de utilizar el argumento de la banda terrorista ETA en la campaña electoral porque no tienen nada que ofrecer a España. Dijo que la democracia española “derrotó a ETA hace 12 años” y que fue un gobierno socialista quien lo logró. También con un lehendakari socialista, algo que a su juicio el PP “no puede soportar”.
Desde el PSOE, ayer habló también la ministra de Defensa, Margarita Robles. Rechazó que se haga un uso político del terrorismo y transmitió su apoyo a las víctimas, a las que “no vamos a olvidar nunca”. “Me resulta incomprensible que haya alguien que pueda ser insensible al dolor de las víctimas y que pueda querer volver atrás, al periodo negro y doloroso de nuestra historia que dejamos atrás hace doce años”, dijo por su parte la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en Bruselas. Calviño consideró, no obstante, que el análisis de si la propuesta es legal corresponde a “otros órganos e instituciones”.
También habló Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que como sus compañeras de Gobierno puso el foco en las víctimas. “Hay que respetar el sufrimiento de las víctimas”, dijo en Madrid, e insistió en que España es un “Estado social y democrático de derecho” lo que, a su juicio, no es óbice para “respetar a las víctimas”.
