La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y destinar fondos para recuperar restos de las fosas comunes. Son algunos de los puntos más destacados de una norma que prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos y "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", algo que ya ocurre en otros países europeos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el nuevo texto, que ahora incluye:
- Suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el Ducado de Franco.
- Retirar condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido "Billy el Niño".
- Transformar el actual Panteón de Hombres Ilustres en un "Panteón de España" donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes.
- El Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil, en el que se rinda homenaje a las cerca de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta. De la gestión de la basílica se encargará Patrimonio Nacional, de modo que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por benedictinos, "se extinguirá", en palabras de Calvo, al perder su misión fundacional.
- La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.
- El establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente
- La creación de una nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo, que permitirá a los familiares de víctimas del franquismo presentar denuncias sobre desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.
- A diferencia de la Ley de Memoria Histórica en vigor, aprobada durante el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero, el anteproyecto prevé un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros.
La cruz del Valle de los Caídos, pendiente de la "resignificación"
El Gobierno no tiene encima de la mesa la demolición de la gran cruz de 150 metros que preside la Basílica del Valle de los Caídos dentro de la reconversión de este enclave al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática, y deja esta decisión a expensas del proceso de "resignificación" del mausoleo franquista.
"Resignificar es explicar", remarcan las fuentes, pero antes será necesario que el Ejecutivo disponga de un real decreto que se aprobaría cuando entre en vigor la ley para establecer el nuevo marco jurídico del complejo, con Patrimonio como entidad responsable de la "liquidación" de la fundación que ahora lo regenta.
Por otra parte, el Gobierno está decidido a asumir el "liderazgo" del proceso de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que aún permanecen en fosas comunes gracias a la nueva ley de Memoria Democrática e incluso ya calcula que se podrían recuperar de 20.000 a 25.000 cuerpos en un plan cuatrienal. Llevar el peso de la política de fosas al Estado ha sido una de las reivindicaciones tradicionales de las asociaciones memorialísticas y de víctimas del franquismo, y el Ejecutivo decidió incorporar esta exigencia a la nueva norma, al tiempo que subraya su compromiso total para su dotación presupuestaria.
De momento, y con los informes que tiene en su poder, cree que un plan cuatrienal permitiría exhumar los restos de 20 a 25.000 personas, pero para ello hace hincapié en que antes debe acometerse un censo de víctimas, que no existe en España. n
