Jueces y fiscales no irán a la huelga. Con la ausencia de la asociación mayoritaria en la judicatura, las seis restantes firmarán el martes su acuerdo con el Gobierno. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre la judicatura y de tendencia conservadora, no firmará.
Califica como “raquítica” subida del 6,5 %, y les parece “humillante y un insulto después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones”. “Lo más relevante es que ha habido una primera sintonía con el Ministerio y que esto no es el final del acuerdo”, adviritió, por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Quienes sí están llamados a un paro indefinido a partir de este lunes son 45.000 funcionarios de juzgados y tribunales. Es el efecto dominó en la administración de Justicia.
Todo empezó a finales de enero con las movilizaciones de los letrados judiciales y no ha dejado de derribar nuevas fichas desde entonces: jueces y fiscales, funcionarios, abogados y procuradores, en especial los del turno de oficio, y personal laboral.
Con el acuerdo de 46,7 millones de euros alcanzado el jueves con seis de las siete organizaciones judiciales y fiscales a falta tan solo de la rúbrica final, los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública han solventado la amenaza de huelga más mediática.
Pese a que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no estampará finalmente su firma en el pacto por considerarlo “insuficiente, indigno e inaceptable”, los 5.400 jueces y 2.700 fiscales que hay aproximadamente en España verán aumentados sus sueldos de entre 52.000 a 131.000 euros anuales en unos 450 euros brutos más al mes. Además, el Gobierno se compromete a incrementar el número de plazas para la judicatura y la fiscalía en 200 más entre este año y el que viene.
Resuelto este frente, 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, el 93 % de la plantilla de juzgados y tribunales, están convocados a una huelga indefinida a partir de este lunes 22 de mayo por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
Los funcionarios llevan en realidad más de un mes de paros, primero parciales de tres horas y luego generales en días concretos, que han supuesto medio millón de juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.
Son en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y reclaman una propuesta económica “suficiente” y un “papel esencial en cualquier reforma”.
