El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó ayer suspender cautelarmente el decreto del Govern del pasado viernes que aplazaba las elecciones catalanas al 30 de mayo, con lo que de momento mantiene en vigor la convocatoria del 14-F, y el Govern ya cuestiona la "legitimidad" de esta fecha.
No se trata de una decisión definitiva, ya que el TSJC aún tiene que resolver sobre el fondo de los recursos presentados contra el decreto de aplazamiento electoral, pero esta medida cautelar ya ha obligado a reactivar todos los preparativos para que se pueda votar, si así lo acaba avalando el tribunal, el próximo 14 de febrero.
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, subrayó ayer que el Govern "no comparte" la decisión del TSJC, porque el aplazamiento respondía a criterios "sanitarios y epidemiológicos" que continúan "vigentes". Aún más contundente es un informe de la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales que cuestiona la "legitimidad" del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de "grave impacto" de la pandemia sobre las "garantías democráticas".
El informe argumenta que si se mantuviese el 14F no habría "suficientes oportunidades para la deliberación y la creación de una opinión formada" y las candidaturas "no tendrían suficientes oportunidades para presentar sus programas y candidatos".
Por otra parte, el gabinete jurídico de la Generalitat emitió la semana pasada un informe sobre un posible aplazamiento electoral, en el que se alega que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, dispone de la "competencia para dejar sin efecto las elecciones" convocadas automáticamente para el 14 de febrero.
Crítica secesionista
La reacción del independentismo a la decisión cautelar del TSJC era ayer unánimemente crítica, hasta el punto de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó en un tuit que detrás de la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento hay "un nuevo 155 encubierto" y "jueces y régimen del 78" están dando "un golpe a la democracia".
La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, dijo que en Cataluña no hay "normalidad electoral" ni "normalidad democrática", mientras que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, denuncia la "judicialización de la política".
En cambio, el Gobierno del Estado ha subrayado que acata la decisión del TSJC y cree que dicha decisión es "coincidente" con el diagnóstico que hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El líder del PSC, Miquel Iceta, anunci´p que los socialistas no recurrirán el aplazamiento de las elecciones, mientras el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidió que en las elecciones catalanas se sigan los pasos "que recomiendan los expertos".
El Ejecutivo regional prepara sus alegaciones y alerta de los riesgos
El Govern acordó ayer "reactivar todos los procedimientos" para preparar las elecciones del 14F, aunque alerta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los "riesgos" sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha.
Tras la reunión semanal del Govern, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, comparecieron en rueda de prensa para reaccionar a la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el decreto.
Budó subrayó que el Govern "no comparte" la decisión del TSJC porque el aplazamiento responde a unos criterios "sanitarios y epidemiológicos" que "continúan plenamente vigentes", y anunció que este jueves, antes de que expire el plazo a las 10.00 horas, se presentarán "alegaciones" ante el tribunal.
El decreto que aprobó el Govern el viernes, dijo Budó, tiene una "sólida base jurídica" y justifica el aplazamiento porque "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso electoral".
Tanto Budó como Solé reclaman al TSJC la "máxima celeridad" para resolver los recursos presentados contra el aplazamiento, para no alargar la "inseguridad jurídica".
Budó hizo hincapié en que el TSJC aún no ha entrado a valorar "el fondo de este decreto", por lo que antes de tomar una decisión definitiva espera que lea "todos los informes" que acompañan al decreto impugnado y no ignore los "criterios epidemiológicos".
