El rey Juan Carlos comunicó a su hijo Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.
La decisión del monarca emérito de marchar al extranjero llega después de varias semanas de goteo constante de informaciones sobre sus presuntos negocios opacos y sucesivos mensajes del Gobierno, con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza entre los que dejaban entrever la inminencia de un anuncio de este tipo.
Ni la carta de don Juan Carlos, ni el comunicado de Zarzuela ni el del abogado del monarca Javier Sánchez Junco aclaran dónde fijará su residencia. La Casa Real mantiene un hermético silencio al respecto y no ofrece pista alguna ante el futuro lugar de residencia del anterior jefe del Estado. No obstante, todo indica que ya habría abandonado el país antes de hacerse pública la carta.
Quien fue rey de España durante casi cuarenta años, abandona Zarzuela tras más de 57 años viviendo en ese palacio en el que seguirá residiendo la reina Sofía, ya que la decisión de su marido no le afecta en nada y mantendrá su actividad institucional.
De momento, el Ministerio Público está estudiando la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la investigación que mantienen allí abierta por el supuesto cobro de comisiones y que afectaría a Juan Carlos I, y está a la espera de recibir más información.
Documentación suiza
Fuentes de la Fiscalía explican que el hecho de que don Juan Carlos haya decidido fijar su residencia fuera de España no tiene por qué perjudicar en principio a la investigación, que continúa centrada en el examen de la documentación suiza. En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el rey emérito está aforado desde su abdicación. El fiscal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, no ha dado ningún paso concreto de momento, por lo que don Juan Carlos no está investigado formalmente.
Esta investigación se centraen delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
Así, de momento, las autoridades suizas han remitido parte de sus pesquisas y es lo que el fiscal Campos está estudiando. El anuncio es el colofón de toda una serie de decisiones que han ido adoptando tanto él mismo como la Casa Real a medida que sus finanzas se han ido poniendo bajo sospecha, sobre todo tras la apertura de la investigación en Suiza y su publicación en medios españoles, suizos y británicos.
