La quema de rastrojos solo podrá permitirse en el entorno agrario o silvícola cuando estos residuos vegetales dispongan de la correspondiente autorización de las comunidades autónomas, con el objeto de prevenir incendios forestales, advirtió la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. “Un importantísimo número de los incendios forestales que da lugar a procedimientos penales en nuestro país se produce como consecuencia de este tipo de prácticas”, asegura el fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, en un oficio.
El escrito, con fecha de 16 de mayo, está dirigido a los fiscales delegados de Medio Ambiente del país, en relación con la campaña de prevención de incendios de 2023, debido a la elevada cifra de siniestros de este tipo cada año. En el mismo se recuerda que la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en vigor desde enero, prohibió con carácter general la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola; solo podrá permitirse con la autorización de las autonomías, bien por razones fitosanitarias o para prevenir incendios.
En la misiva Vercher deice que en el primer trimestre de 2023 se producieron dos grandes incendios que superaron las 500 hectáreas, un período en el que el número total de siniestros fue de 2.408; datos que no incluyen los fuegos declarados en el Principado de Asturias, de modo que se vieron afectadas más de 41.000 hectáreas.
Según Vercher, este año, al igual que en 2022, por parte de la Guardia Civil y otras fuerzas policiales se tuvieron en cuenta situaciones con “importantes acumulaciones de restos vegetales en zonas de monte con presencia de combustible denso y continuo”.
Por sus “singulares características”, como estado de abandono, existencia de estructuras vegetales frondosas, etcétera, esos restos “pueden favorecer la propagación de incendios”. Se pretende que los fiscales dispongan de la información “precisa y adecuada” sobre previsiones de incendios para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre los mismos, a efectos de “coordinación y actuación” con autoridades e instituciones competentes.
