España

Feijóo: "Ningún político en su sano juicio pactaría con Bildu"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con mascarilla momentos antes de su comparecencia.
photo_camera El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con mascarilla momentos antes de su comparecencia.
El presidente de la Xunta cree que España "no se merece este tipo de tejemanejes y frivolidades"

n n n  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargaba ayer contra el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu para derogar la reforma laboral del PP y consideró que “ningún político en su sano juicio” pactaría en este momento con una fuerza “residual” como la liderada por Arnaldo Otegi. En la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha tachado de “disparate” el hecho “de firmar con un partido disparatado como Bildu cuestiones tan sensibles como haciendas, vidas y empleos de 47 millones de españoles”. “En el momento en el que España va a pedir más dinero que nunca a Europa generar el escenario de menor estabilidad y solvencia que nunca… Esto no se le ocurre a ningún político en su sano juicio”, ha remarcado.
Reprochó además, que el Ejecutivo negocie de forma unilateral “con un partido residual” la derogación de esta reforma sin hablar con los sindicatos, ni con la patronal y con el resto de formaciones políticas. En opinión de Núñez Feijóo, el Gobierno también batió “un récord de contradicciones” durante la negociación de la última prórroga del estado de alarma en la que “engañó primero al BNG, al PNV, a Ciudadanos y a Bildu” e incluso a una parte del Gobierno, porque unos ministros dicen que “no se va a derogar la reforma laboral” y otros que sí se derogará y de forma íntegra. Todo ello hace que sea imposible tomarse en serio que el Gobierno busque reeditar los denominados Pactos de la Moncloa, ya que al pactar con fuerzas como EH-Bildu se “dinamitan” el resto de opciones, ha considerado. E

Caballero insiste
El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, insistió ayer en su rechazo al pacto de PSOE y Unidas Podemos con Bildu para la derogación de la reforma laboral, matizado por el PSOE a las horas de la validación del Congreso a la nueva prórroga del estado de alarma.
Preguntado al respecto en su rueda de prensa telemática diaria, Caballero, que es miembro de la ejecutiva federal del PSOE, era tajante como el día anterior: "Yo con Bildu, ni buenos días". Indicó que expresa su opinión en su condición de alcalde de Vigo, "no como PSOE". Y también dij que "no vale" que "cuando Bildu vote con el PSOE sea muy malo", y cuando coincida con el PP "sea muy bueno", razonamiento que ya empleó antes de que Pedro Sánchez no sacara adelante su investidura tras las generales de abril de 2019, aunque la formación vasca optó entonces por la abstención.
Otro de los que habó ayer fue el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, que denunció "otro acuerdo todavía más sibilino y denunciable" entre el Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) y Bildu de cara a la prórroga del estado de alarma y que "añade gravedad" a la derogación de la reforma laboral pactada, y es que se exime a País Vasco y Navarra del techo de gasto y de la inmovilización de los recursos de los ayuntamientos, lo que supone un "trato discriminatorio" respecto a las comunidades autónomas y municipios del resto del país. Considera que es "de tal calado" que "añade gravedad al asunto", pues permite a dos comunidades endeudarse y disponer del superávit de sus ayuntamientos, que en Cantabria asciende a 450 millones de euros y en toda España a 10.000 millones.
Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, recriminó ayer al Gobierno que culpe a su partido del acuerdo que se ha alcanzado con la formación abertzale. "A este paso la culpa de la muerte de Kennedy también la tendrá el PP...", ironizó, después de que la ministra y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, haya justificado el polémico pacto suscrito entre el PSOE, Podemos y EH Bildu en la "obligación" del Gobierno de "amarrar" los votos para garantizar la quinta prórroga del estado de alarma.n

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