El Consejo de Ministros propondrá hoy que la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes que despertó las críticas casi generalizadas del mundo judicial y de la oposición. Delgado, que relevará a María José Segarra y que tendrá que dejar el escaño como diputada del PSOE, vuelve así al Ministerio Fiscal, pero esta vez a su cúspide, desde donde deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del "procés", en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad.
Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con "plena objetividad e independencia", algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y los grupos de la oposición, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia, y comprometida la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público. Así lo manifestó la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria de la carrera-, Cristina Dexeus, que aseguró que es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía. En declaraciones radiofónicas, Dexeus reconoció que la noticia le ha causado "estupor" y que no le parece "adecuada" su designación como la máxima representante del Ministerio Fiscal, ya que ejerció un puesto político y esto supone "retorno sin más a la carrera" fiscal.
Malestar y preocupación
En un comunicado, además, la Comisión Ejecutiva de esta asociación mostró su "malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad". En este sentido, trasladó su "firme voluntad" de velar por la autonomía de todos los fiscales como "única manera de evitar que la independencia de la institución se resquebraje y para que nada ni nadie enturbie el servicio" que prestan.
La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, -asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia- reconoció que el nombramiento "puede provocar reticencias". Sin embargo, destacó que "hay que dar un voto de confianza", ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato".
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirma que tiene "reservas" con esta propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que puede perjudicar a la "imagen de imparcialidad" del Ministerio Fiscal.
Esta opinión de los fiscales es compartida por alguna asociación de jueces, ya que ven "un poco sorprendente y negativa" la noticia que se conoció en la mañana de ayer, pues "no transmite una imagen buena de imparcialidad" y perjudica a la "credibilidad" de los ciudadanos en la institución y en la Justicia, tal y como aseguró el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero. n
