Los tribunales superiores de Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña consideran justificado mantener el toque de queda o limitar las reuniones por la situación sanitaria, no así el del País Vasco, el único hasta ahora que estima que el ordenamiento jurídico no permite a las autonomías acordar estas medidas fuera del estado de alarma. Los autos que avalan las restricciones consideran que estas medidas sanitarias suponen una limitación y no una suspensión de los derechos fundamentales, y que están suficientemente justificadas por la situación epidemiológica.
Ante el fin del estado de alarma, los gobiernos autonómicos buscan el aval judicial para mantener alguna de las restricciones vigentes durante la medida -especialmente las que afectan a la movilidad- para mantener la transmisión del coronavirus a raya. Pero como ya se intuía, en las últimas 24 horas se han dado casos contradictorios con tribunales como los de Baleares y Comunidad Valenciana que han avalado medidas como el toque de queda mientras que los jueces del País Vasco lo han rechazado. En Cataluña, la justicia también ha dado luz verde a la limitación de las reuniones.
En cualquier caso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 4 un decreto que prevé la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que unifique criterio sobre las medidas que limiten o restrinjan derechos fundamentales.
Carrusel jurídico
El carrusel jurídico arrancó el jueves en Baleares que autorizó las medidas, pero un ejemplo de las dudas jurídicas que suscita la restricción a la movilidad nocturna está en el resultado de la votación, tres jueces respaldaron las medidas frentes a dos que se opusieron. Más claro lo tuvieron en la Comunidad Valenciana para autorizar el toque de queda y las restricciones.
Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no permite mantener el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios y la limitación del número de personas que pueden reunirse a partir del domingo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta en un auto que "nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".
Otras comunidades, como Cataluña, optaron por no solicitar un toque de queda en su propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pero sí por otras restricciones que afectan a derechos fundamentales y que, por tanto, necesitan aval judicial. Los jueces catalanes respaldaron la limitación de las reuniones a seis personas y del 50% de aforo en los actos religiosos y ceremonias civiles.
En el caso de Madrid, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ratifique las medidas sanitarias de restricción de la movilidad en cinco zonas básicas de salud acordadas por la Consejería de Sanidad y valora valora la proporcionalidad de esta medida.
Queda por conocer si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra permitirá limitar las reuniones a un máximo de 6 personas y el toque de queda que quiere el gobierno de María Chivite.
La ministra de Sanidad apela a la "cultura del cuidado"
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apeló ayer a la "cultura del cuidado" una vez que el próximo domingo, 9 de mayo, finaliza el estado de alarma, porque aunque el proceso de vacunación avanza "todavía queda que coja ritmo". La ministra indicó que aunque es verdad que la vacunación es la mejor herramienta para la lucha contra el coronavirus, también lo es "la cultura del cuidado que la sociedad española ha llevado durante todo este tiempo" y las medidas que las comunidades vayan adoptando.
"La cultura del cuidado ha llegado para quedarse", reiteró Darias, que también hizo hincapié en que las comunidades, en su ámbito competencial, pueden tomar medidas que ya han tomado durante el estado de alarma y sin él porque "no siempre" lo hubo.
Reiteró Darias que las regiones tienen herramientas suficientes e instrumentos jurídicos a su alcance, además de que en el Consejo Interterritorial se pueden adoptar actuaciones coordinadas, como la que se adoptó el pasado mes de agosto relativo al ocio nocturno, que son de obligado cumplimiento.
