País Vasco, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana pretenden mantener el toque de queda nocturno a partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, mientras que Baleares ya obtuvo el aval del Tribunal Superior de Justicia para limitar la movilidad nocturna.
El toque de queda es una de las medidas amparadas en el estado de alarma que decae el próximo domingo, por lo que las autonomías necesitan un aval judicial para llevarlo a cabo y, en último término, y a raíz de un decreto del Gobierno, será el Tribunal Supremo el que marque doctrina.
Los baleares, a expensas de posibles recursos, cuentan ya con aval judicial, después de que el TSJ de Baleares haya autorizado las restricciones acordadas por el Govern, que incluyen la prolongación del toque de queda -de 23.00 a 6.00- hasta el 23 de mayo, además del control a pasajeros nacionales o la limitación del derecho de reunión.
Pendiente de la decisión de los jueces está todavía el País Vasco, a a la espera de que el TSJV, reunido ayer, dictamine hoy si pueden continuar los cierres perimetrales y el confinamiento nocturno, a partir de las 22.00. La Fiscalía reveló ayer su postura en contra.
También Navarra aguarda que el TSJN autorice el mantenimiento del toque de queda, entre las 23.00 y las 6.00 y lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, que retrasaría a medianoche el inicio de las restricciones.
El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer que, cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma, se mantengan en las islas los niveles de alerta epidemiológica, así como las restricciones contra la pandemia como los controles obligatorios en puertos y aeropuertos y el toque de queda a las 23,00 horas.
“Punto de preocupación"
El Ministerio de Sanidad admitió ayer que el fin del estado de alarma "no deja de ser un punto de preocupación", por el impacto en la percepción ciudadana y pide trasladar un mensaje: el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control.
Así lo señaló el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que compareció en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, para analizar la evolución de la pandemia. Los dos responsables sanitarios reiteraron que las comunidades autónomas cuentan con herramientas suficientes para controlar la pandemia sin limitar derechos fundamentales, al decaer el próximo 9 de mayo el estado de alarma.
Aunque "no se puede descartar", Simón espera que el fin del estado de alarma y el consiguiente incremento de la movilidad no impacte en la incidencia y en las UCI.
Por su parte la secretaria de Estado admitió que aprobar medidas que necesitarán de aval judicial "será como siempre una batalla complicada", pero garantizó el respaldo a las autonomías.
Sanidad descarta además que se deban establecer "líneas rojas comunes" a todos los territorios porque la situación varía entre unos y otros y hay que aplicar "medidas más potentes donde hay las mayores incidencias".
Un informe del Supremo tacha de "confuso" el decreto del Gobierno
Los magistrados del Tribunal Supremo tienen sobre la mesa un informe de urgencia del Gabinete Técnico que cuestiona, incluso desde el punto de vista de su constitucionalidad, el cambio legal que les atribuye la última palabra sobre las restricciones que se apliquen tras el final del estado de alarma.
Un decreto-ley para reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa aprobado esta misma semana por el Gobierno con terminología "confusa, ambigua y equívoca" en algunos preceptos, que, según el informe, plantea problemas para el cumplimiento de los plazos por la celeridad que pretende y advierte del impacto que va a tener sobre el trabajo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Todo ello sin entrar en profundidad a analizar el "problema de la constitucionalidad" de situar a los tribunales de justicia "como una suerte de copartícipes ejecutivos" Un planteamiento que encaja con el realizado esta misma semana por el presidente de esa Sala, César Tolosa, donde aseguró: "Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".
También advierte de la necesidad de reforzar con urgencia los servicios del Gabinete ante la posibilidad real de que se multiplique la litigiosidad sobre esta materia y que los recursos se presenten en fechas coincidentes.
Sobre este asunto, Tolosa emitió ayer un comunicado en el que aclara que este informe "no anticipa la postura del tribunal" porque es "interno, provisional y no vinculante".
