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ESPAÑA

Cerca de 7.000 agentes se encargarán de la seguridad durante la reunión del G7

Casi 7.000 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza garantizarán la seguridad en España durante la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz (Francia), en un dispositivo en el que, según el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska" no existe "ninguna improvisación".
Guardia Civil
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Cerca de 7.000 agentes se encargarán de la seguridad durante la reunión del G7


Grande-Marlaska hizo esta afirmación durante la constitución del CECOR, el centro instalado en la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, desde el que las autoridades coordinarán todo el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la celebración de la reunión del G7 en Biarritz (Francia) entre el 24 y el 26 de agosto, a pocos kilómetros de Irun, donde estos días distintos movimientos sociales desarrollan también una "contracumbre" paralela.


"Se ha preparado: hemos colaborado con Francia en los últimos meses en distintas reuniones a nivel de los ministerios del Interior, y también hay un comité permanente de seguimiento entre el Ministerio de Interior, la Secretaria de Estado de Seguridad y el Gobierno Vasco", detalló Grande-Marlaska, quien compareció en San Sebastián junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y los delegados del Gobierno en Euskadi y en Navarra, Jesús Loza y José Luis Arasti, respectivamente.

Distintas opciones
El ministro explicó que existen distintos "dispositivos" para "garantizar" el normal desarrollo tanto de la reunión del G7 como de la "contracumbre", en "coordinación" con Francia, con un despliegue en el que participan 1.878 efectivos de la Guardia Civil y 932 del Cuerpo Nacional de Policía, además de 4.000 ertzainas y distintos agentes de la Policía Foral navarra y de la Guardia Municipal de Irún.
Destacó también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están "formados y preparados para prevenir hechos violentos" como los que ocurrieron en otras cumbres, algo que, según comentó, es "un hecho objetivo" que obliga a adoptar "las medidas necesarias".
Se trata, detalló Grande-Marlaska, de "elementos violentos que se infiltran entre el resto de la ciudadanía con la intención de ejercer la violencia".