n n n Tras el pico de querellas contra la gestión de las autoridades en la pandemia, la Justicia enfrenta su desescalada procesal con los primeros archivos contra políticos, como el del 8-M, pero con la mirada en el Supremo, que acapara unos 75 procedimientos contra el Gobierno, y las residencias de mayores. Asociaciones de familiares de víctimas del covid-19, partidos políticos, particulares, sindicatos y organizaciones de médicos y enfermeros llevan recurriendo a la vía judicial desde el inicio de la crisis para exigir responsabilidades. No escapa ninguna administración, ni ayuntamientos ni autonomías ni especialmente el Gobierno de Pedro Sánchez.
Será en el Supremo donde se examinará con lupa si la actuación del Ejecutivo ha incurrido en algún ilícito tras el aluvión de querellas (45) y recursos (32) presentados. Y siguen sumando. Otra cosa es el recorrido que tengan en el alto tribunal. Los recursos contenciosos contra decisiones del Ejecutivo -destaca el del Gobierno regional de Madrid por no conceder en su día el pase a la Fase 1- ya se están tramitando aunque hasta la fecha ninguna de las cautelarísimas o cautelares han prosperado. Queda por entrar a resolver el fondo.
El escenario en la Sala de lo Penal es distinto. Ahora prima la "gestión" porque se busca la fórmula de ver cuáles de esas querellas se pueden tratar de manera conjunta, antes de remitirlas a Fiscalía para que informe sobre su admisión a trámite. Un hecho relevante que habla de la magnitud del asunto es que el teniente fiscal, Luis Navajas, máximo cargo orgánico en el Supremo, será quien las asumirá, según fuentes jurídicas.
diversidad de motivos
Las querellas no son homogéneas. Algunas se dirigen contra el Gobierno al completo. Otras contra el presidente, Pedro Sánchez, o el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia profesional. E, incluso, contra el director de Emergencias, Fernando Simón, pese a no estar aforado. No obstante, este ya ha visto decaer dos querellas de víctimas del covid-19 -tiene pendiente de admisión otra- y ha salido airoso de la causa del 8M en la que Guardia Civil, forense y acusaciones han tratado de incriminarle sin éxito alguno.
Precisamente ésta era la causa más avanzada de las que estaban en instrucción y la que había provocado un tsunami político y policial. Pero, tras semanas de mucho ruido y acaparando portadas, la jueza archivó el caso contra el delegado del Gobierno de Madrid, Jose Manuel Franco. Sin embargo, todas las acusaciones recurrirán. Esta causa quebró la relación entre el Ministerio del Interior y el instituto armado con importantes daños colaterales como el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y las constantes exigencias al ministro Fernando Grande Marlaska para que dimita.
Franco no es el único político que ha salido indemne de la justicia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, vio cómo se archivaba un denuncia por mantener los parques cerrados durante la crisis. Tampoco salió adelante la querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por el cese de Pérez de los Cobos.
residencias
Mención aparte merecen las investigaciones de las residencias de mayores, que aunque arrancaron en marzo viven su particular tormenta política por las declaraciones y documentos que apuntan a que en la Comunidad de Madrid no se derivó a ancianos de estos centros a hospitales, por una supuesta orden del Gobierno de Díaz Ayuso. Son ya cerca de 200 las investigaciones penales abiertas (muchas otras se archivaron) por la Fiscalía en todo el país, casi la mitad de ellas en Madrid, y otras tantas diligencias de índole civil, amén de la veintena de procedimientos en marcha en distintos juzgados.
Con mucho menos foco, otros juzgados instruyen y resuelven ya causas relacionadas con la epidemia en un contexto de normalidad, pues la administración de Justicia ya trabaja a pleno rendimiento una vez que se ha levantado la suspensión de los plazos y se han incorporado los trabajadores a juzgados y tribunales. Pero de ahí a decir que las causas 0se van a relanzar hay un mundo, ante el más que probable colapso judicial. Aunque ya aumentan las sentencias.
Como la condena al Gobierno de Aragón por no proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPI) a los sanitarios de Teruel; o aquella contra Sacyl, la administración sanitaria de Castilla y León, que obliga a compensar a los sanitarios por trabajar en Jueves y Viernes Santo. n
