Una gran mayoría de la clase política española se levantó los últimos días contra el proyecto del Gobierno, que se queda solo en la defensa del peaje en autovías y carreteras de propiedad estatal, tal y como se refleja en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea. Incluso desde el propio PSOE hay voces críticas contra esta medida, la última de ellas la secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que alertaba en sendas entrevistas en televisión de que esos impuestos siempre perjudicaban a los trabajadores, al tiempo que recordaba la batalla para suprimir el peaje Sevilla-Cádiz.
La próxima sesión de control en el Congreso de los Diputados será aprovechada además por algunas fuerzas políticas, entre ellas el PP, Ciudadanos o PDeCAT para pedirle al Ejecutivo que explique su pretensión, mientras Vox registró una proposición no de ley en el Congreso en la que insta a la retirada de la propuesta.
Desde el PP son varios los miembros de la dirección del partido que se dirigen directamente a Sánchez, como la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en la que aseguraba que "nos ha mentido nuevamente a los españoles con la subida de impuestos y con la llegada de los peajes", para apostillar que "El PSOE ha pasado de las autopistas gratis, ¡ya!, al peaje para todos que no significa solidaridad". Gamarra le pide al presidente que cuente la verdad sobre la subida de impuestos y por el pago del uso de las carreteras.
Movilización social
El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó ayer una entrevista en televisión para censurar la intención del Gobierno de implantar peajes en las carreteras españolas, hecho que considera de una "gravedad extraordinaria", por lo que llamó a una "gran movilización social" para impedirlo. Insistió en que su partido se opone frontalmente a esta propuesta que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas.
Para el dirigente de Vox, lo que hay que hacer es "rebajar los impuestos y el gigantesco coste de la industria política: acabar con las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a organizaciones patronales", además de reducir el gasto asociado a las autonomía.
Vox presentó a la Mesa del Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a retirar su plan de creación de un sistema de peaje en todas las autovías a partir de 2024, para que pueda incluirse para su debate y votación en un próximo pleno de la Cámara Baja.
La proposición no de ley registrada por Vox incluye tanto pedir al Gobierno que retire la propuesta anunciada a la Comisión Europea como que se abstenga de ese plan en futuras normas jurídicas.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, avanzó ayer que presentará iniciativas en la Cámara baja contra la propuesta del Gobierno, al tiempo que hacía un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse, y criticó los "efectos negativos" de la medida en las comunidades periféricas como Galicia.
El Gobierno insiste en un proyecto "coherente" y se abre a dialogar y tratar compensaciones
El Gobierno dijo ayer estar dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado en el plan de recuperación, sobre todo para los transportistas profesionales. Lo dijo ayer el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en la estación de Atocha, en Madrid, antes del viaje inaugural a Barcelona del primer competidor de Renfe en la alta velocidad, la compañía Ouigo.
Saura recordó que la introducción de los peajes está prevista para 2024 y no antes, para evitar que coincida con la crisis económica derivada de la covid. A su juicio, el pago por uso en las carreteras es un medida "coherente" cuando España está pidiendo fondos a la Unión Europea para infraestructuras y en un momento en que ya muchos países de la Unión aplican este tipo de peajes.
La medida solo se pondrá en marcha si hay un amplio consenso político, económico y social, especialmente con el sector del transporte profesional, con el que el Gobierno ya está trabajando en un plan de modernización y en ese marco debatirá los peajes. El secretario de Estado defiende que se trata de una medida "justa" porque pagarán por las carreteras aquellos que las usan, y por tanto contaminan, y entiende además que incentiva el trasvase hacia otros modos de transporte menos contaminantes, como el tren.
Por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntaba que la reforma para implantar peajes en las autovías españolas es aún prematura porque quedan tres años de diálogo y debate con los sectores para acordar un sistema similar al que ya funciona en 23 países europeos.
La portavoz del Gobierno insistió en que la medida se encuentra todavía en una fase prematura, al tiempo que vinculó esta reforma a un plan de movilidad sostenible con fondos europeos con más de 10.000 millones que servirá para acometer mejoras en el transporte urbano, metropolitano y de cercanías y facilitar así que no sea necesario el uso del vehículo particular, el más contaminante.
