El PSdeG se desmarca de la reforma de la ley al votar en contra del informe de la ponencia

PP y BNG pactan renovar la mitad de los impositores de las cajas y mantener otro año los representantes de empleados

PP y BNG pactaron hoy dos nuevos puntos para la reforma de la Ley de Cajas de Galicia, en concreto, para renovar únicamente, en un primer momento, la mitad de los impositores --representantes de los clientes-- en los órganos de gobierno de las entidades y para que el cambio de los miembros designados por parte de los empleados --un 10%-- se haga un año después de la formación de la asamblea general.
El informe de la ponencia constituida para la reforma de esta normativa fue aprobado, tras su debate en la Comisión de Economía, con los votos de PP y BNG, mientras que el PSdeG se desmarcó de la renovación de la ley con su posicionamiento en contra de este documento, por su desacuerdo en varios puntos, como los plazos de renovación de los órganos de dirección y la forma de elección en algunos sectores o la autorización de la Consellería de Facenda a la obra social.

El otro punto transaccionado entre 'populares' y nacionalistas durante el debate se refiere a que la ley establezca que los representantes de los empleados se elijan también de forma proporcional al apoyo que recibiese cada candidatura --hasta ahora se integraba en los órganos de gobierno únicamente la lista mayoritaria--.

Además, el BNG dio su apoyo a una reclamación de los socialistas, que, no obstante fue rechazada con los votos del PP, para incorporar que, en los casos de fusiones con entidades foráneas, además del beneplácito de la Xunta se consulte al Parlamento.

El portavoz de la formación frentista en el debate, Fernando Blanco, expuso, respecto a esta renovación parcial de los órganos de gobierno pactada hoy con el PPdeG, que la representación de los empleados se renovaría en un año desde la constitución de la nueva asamblea.

En cuanto a los impositores, 'una vez excluidos aquellos que no reúnan los requisitos que establece la ley' --la nueva norma limitará la edad y establece incompatibilidades-- se realizaría un sorteo para la elección de 'los 24 --la mitad de los impositores, con el nuevo texto-- que se incorporarían a la nueva asamblea', con el fin de que 'quede un hilo conductor entre asamblea y consejo' para que el relevo 'sea lo más razonable'.

PP y BNG mantienen, así, que la renovación, que dará entrada a un 20% de representantes autonómicos, se deberá hacer en dos meses, frente al periodo de un año que proponen los socialistas para constituir los nuevos órganos y adaptar los estatutos. 'Con la que está cayendo, tener las cajas sujetas a esta incertidumbre un año es irresponsable', afirmó Puy para defender un plazo más corto.

De este modo, el PSdeG mantendrá previsiblemente buena parte de sus enmiendas para el debate en pleno, mientras que los responsables del BNG ya anunciaron que presentarán un voto particular con el fin de que se recupere, como aparece en su propuesta, el límite de 65 años para los directores generales y presidentes, frente a los 70 años pactados por los otros dos grupos parlamentarios.

CORPORACIONES LOCALES

Los portavoces de PPdeG y PSdeG, Pedro Puy y Xaquín Fernández Leiceaga, respectivamente, cruzaron acusaciones respecto a la elección de representantes de los municipios y a las limitaciones para integrarse en el consejo de administración.

Así, el socialista interpretó que el hecho de que cada sector, salvo el Parlamento, sólo pueda tener un representante en este órgano es una medida 'dirigida a evitar que dos ayuntamientos, que son del PSOE --en alusión a Vigo y A Coruña--, no tengan más de un puesto' y censuró la rebaja hasta el 10 por ciento de la porción para las entidades fundadoras, presentes sólo en Caixanova y en las que se encuentran el Ayuntamiento de Vigo y las Diputaciones de Pontevedra y Ourense.

Precisamente, esta composición le valió a Puy para argumentar que no hay una intención política, pues el ayuntamiento está gobernado por el PSOE, pero las diputaciones están en manos del PP. Además, defendió que, en el caso de que correspondan dos representantes de ayuntamientos al consejo, 'no sean del mismo'.

Otro de los puntos de desacuerdo tiene su origen en que un tercio de los representantes de las corporaciones locales se eligen por sorteo entre los ayuntamientos que, por cantidad de depósitos, no alcanzarían un hueco en la asamblea. Con este sistema, censuró Leiceaga, pueden entrar municipios pequeños mientras quedan fuera otros medianos, con lo que se pierde representatividad.

El PP entiende, sin embargo, que una distribución puramente proporcional por depósitos 'llevaría a que sólo tengan representantes los grandes ayuntamientos'.

ELECCIÓN DE IMPOSITORES

El portavoz socialista consideró que el sorteo directo para la elección de los impositores --actualmente se elige por sorteo a un grupo que luego designa a los representantes-- 'es neutral, pero no democrático'. 'Es una lotería', sostuvo, mientras que PP y BNG replicaron que con esa figura intermedia existe más riesgo de manipulación y de que se introduzca incluso a cargos políticos, algo que la nueva ley quiere eliminar.

Además, Leiceaga criticó la 'discrecionalidad' que se concede a la Consellería de Facenda al permitir que sea la que fije cuáles son las entidades benéfico-sociales con representación en las asambleas --les corresponden cuatro puestos--, así como que este departamento deba dar su autorización para la obra social que supere los 500.000 euros en tres años.

'A nosotros esto nos asusta', afirmó, pues el PSdeG teme que se decidan los proyectos en función del color político de los ayuntamientos. Para el BNG, sin embargo, 'sería una falta de responsabilidad' que la Xunta no establezca una coordinación de la obra social y Pedro Puy, por su parte, recordó que el texto deja 'libertad' a las cajas para elegir el destino.

REMUNERACIONES

El PSdeG incluye también en sus enmiendas la que se hagan públicas las remuneraciones de los altos cargos, en línea con lo que establecerá la Ley de Economía Sostenible del Estado. Pese a las confrontaciones, los tres grupos manifestaron su disposición a buscar más acuerdo para el debate en pleno de este texto, que se producirá el martes 29.

El 'horizonte', dijo Blanco, es contar con 'unas cajas gallegas, con sede en Galicia, más democráticas y más transparentes'. Por su parte, Leiceaga replicó a las acusaciones de Puy de que el PSdeG 'no tiene un proyecto', que lo que defiende su formación es que las entidades sean 'solventes porque, si no, desaparecerán'.

El portavoz del PPdeG sostuvo que el texto para la reforma de la ley 'contribuye a despolitizar las cajas y refuerza los instrumentos de supervisión' autonómicos y advirtió de que 'no se puede llegar a un consenso con quien quiere meter palos en las ruedas'.

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