La pesca gallega se dio cita ayer en Vigo para celebrar una nueva sesión del pleno del Consello Galego da Pesca en el que se abordaron el nuevo reglamento de control pesquero propuesto por la Comisión Europea y el resultado de las negociaciones de totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para el 2020 ante los representantes del sector. La conselleira do Mar, Rosa Quintana estuvo presente en la reunión, acompañada también por la eurodiputada en el Parlamento Europeo y ponente del reglamento de control pesquero, Clara Aguilera.
Quintana señaló el papel fundamental que quiere jugar el sector gallego en el nuevo reglamento de control, señalando que “somos una comunidad que cree en el sector pesquero y que ha adoptado desde 2009 muchas medidas que han dado resultados”. La conselleira recordó que “no incrementamos la burocracia, no perseguimos al sector profesional y creo que debemos ser tomados como una referencia”.
Además, Rosa Quintana apuntó minutos antes de comenzar el pleno del Consello Galego da Pesca que “podemos acreditar que los caladeros que gestionamos directamente todos los años van incrementando tanto su producción como su facturación” una cuestión que, a su juicio, demuestra que “las medidas de control que efectuamos desde Galicia dan resultado y perseguimos que haya el mesmo tablero de juego para todas las regiones pesqueras de la Unión Europea”.
Con respecto a los TAC y cuotas fijados en la negociación del pasado diciembre, quedó de manifiesto ante los representantes del sector que el acuerdo para 2020 “supone una mejora del 16% en relación a la propuesta inicial de la Comisión Europea”, recalcó Quintana.
“La normativa europea debe ser más eficaz”
A esta reunión acudió como invitada la eurodiputada Clara Aguilera, quien apuntó que el reglamento para el cumplimiento de la política pesquera comunitaria y para la obligación de desembarco no estará aprobado hasta final de año, pero que en todo caso, lo que se persigue es que exista “una normativa europea más eficaz” que afecte a todas flotas por igual. “No es razonable que estemos queriendo controlar los caladeros europeos y que haya países que tengan establecidos controles propios más estrictos, caso de España, y que haya otros países que no establezcan control ni sanción. Esa es una desigualdad que sufre el sector español y que hay que resolver”, explicó antes de la reunión.
