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Las pensiones exigen más ingresos públicos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
photo_camera La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
O España se industrializa y aumenta la productividad o seguirá dando palos de ciego, porque los problemas de las pensiones y de la sanidad requieren más ingresos y eso solo se consigue con más riqueza.

El Gobierno ha reconocido algo que es evidente, pero que no todo el mundo quiere tener claro: España –vista en el contexto europeo– no tiene un problema de gasto en pensiones, sino que tiene un problema de ingresos para financiar el sistema que gestiona la Seguridad Social. Nada muy distinto de lo que pasa en la sanidad y, en general, en su economía pública, ya que –también en contra de lo que alguna gente cree– el gran problema de España es de ingresos en el conjunto de su sistema fiscal.

¿Cuál es la razón entonces para que otros socios europeos no tengan tantos problemas? Más que una razón, hay varias, pero si hubiera que resumirlo la clave está en su PIB y en su productividad. España no es un país tan rico como Alemania o Francia, ni en cifras absolutas ni relativas. Ni siquiera es equiparable a Italia, por mucho que los italianos deban bastante más dinero. Y no lo es porque su economía no está tan industrializada, de ahí que tenga también un elevado paro estructural, ya que su economía de servicios –frágil– es menos regular y más estacional.

A partir de esta realidad, los debates populistas que crean ensoñaciones, como si el dinero naciera en las ramas de los árboles, conducen a la melancolía. Pero, como en todo, hay excepciones. Es decir, hay cosas que tienen arreglo, sin crecer más ni elevar la productividad del país.

¿Puede España ingresar más con el mismo PIB? Sí. Bastaría con reducir el fraude fiscal, que en otros países europeos es inferior. Es más, también podría tener ingresos adicionales con una fiscalidad ambiental más eficiente y una reducción de las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales en varios impuestos; sobre todo en los de sociedades y renta.

Estaría bien que antes de afrontarse debates como los de las pensiones y la sanidad se empezara esa gran casa social por sus cimientos. Al menos con dos objetivos: 1) que la ciudadanía sepa –de verdad, sin falsedades– en que país vive, y 2) que todo esto no va de siglas, sino de un pacto social.

¿Quiere eso decir que la reforma de las pensiones de este Gobierno está mal enfocada? No. Puede estar bien intencionada, pero no estar fundamentada, de ahí precisamente que se hable de un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto, a modo de venda antes de la herida. Es lo que explica también que el Gobierno haya pactado con Bruselas que cada tres años sea necesario revisar las cotizaciones o hacer recortes en el coste del sistema. Están dando una patada hacia delante.

Si España quiere dotarse de políticas sociales al nivel de Alemania o Francia deberá ingresar más, pero de verdad, no mediante las cuentas de la lechera. No hay atajos para homologarse con los socios ricos de la eurozona. La reforma de las pensiones –sin duda interesante– sería más creíble si se afronta el fraude, la fiscalidad ambiental y las deducciones y, a la vez, se aumenta la productividad y se reduce el paro.

Sin cambios –de fondo– en el modelo productivo, sin más industria y sin un pacto de rentas, el castillo de naipes se vendrá abajo. Este Gobierno tiene a veces buenas intenciones, pero adolece de consistencia, que es algo que no se suple con audaces relatos. Un acuerdo sobre las pensiones debe ser eso: un gran pacto social –incluyendo a la Oposición–, pero no una baza para intentar revitalizar la ahora frágil coalición del PSOE y Unidas Podemos.

@J_L_Gomez

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