Un informe de Oxfam Intermón vuelve a alertar de algo que no por sabido deja de ser preocupante: el uso de filiales en paraísos fiscales –jurisdicciones de tributación laxa– por parte de las principales compañías cotizadas en España. Lógicamente, eso se hace para pagar menos impuestos, a sabiendas de que la elusión fiscal –léase evitar o minimizar el pago de impuestos por vías legales– no es ilegal. Dicho de otro modo, se puede invertir, por ejemplo, en paraísos fiscales, pero no simular esas inversiones.
En Europa, la evasión fiscal –léase en este caso no cumplir una obligación con el fisco– es de tal calibre que la Comisión Europea la cifra en un billón de euros al año, poco menos que todo el PIB de España. El objetivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de imponer un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% sigue lejos de cumplirse y, dentro de la propia UE, hay Estados, como Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, que atraen capitales bajando impuestos. El G-20 predica unas cosas y sus grandes empresas hacen otras muy distintas.
Filtraciones periodísticas como los Papeles de Panamá, los Lux Leaks y los Papeles de Pandora no han sido suficientes para acabar con el problema de fondo, de modo que el uso de paraísos fiscales por parte de grandes bancos y multinacionales sigue a la vista de todo el mundo. Solo las 35 firmas del Ibex tenían en 2021 nada menos que 681 filiales en paraísos fiscales. Banco Santander, ACS y Ferrovial concentran la mitad de esas filiales, mientras que Endesa e Indra no tienen ninguna.
Los paraísos fiscales tienen una tributación laxa u opaca que, en el peor de los casos, ofrecen beneficios fiscales significativos, lo que permite a los inversores reducir sus obligaciones tributarias y maximizar sus ganancias. Suelen ofrecer bajos o nulos impuestos sobre el capital, secretismo financiero y ausencia de regulaciones.
¿Cómo se consiguen esos privilegios? Lo habitual es que los grandes bancos y multinacionales se doten de filiales offshore en los paraísos fiscales para aprovechar sus ventajas. La falta de transparencia hace posible la creación de estructuras financieras tan complejas como opacas.
Malas prácticas de este tipo reducen los ingresos de los estados donde tienen su sede, lo que tiene un impacto negativo en los servicios públicos, que terminan costeándolos los contribuyentes de a pie y las pequeñas y medianas empresas.
Los paraísos fiscales también socavan el desarrollo económico y la propia integridad del sistema financiero, de modo que este tipo de elusión fiscal, aunque no sea ilegal, termina mezclándose con la corrupción, el fraude y el lavado de dinero, ya que usan los mismos canales. Parece evidente la necesidad de aplicar medidas más enérgicas para abordar el uso de paraísos fiscales. No solo debe existir un mayor intercambio de información fiscal entre países, sino también una cooperación internacional más estrecha para cerrar lagunas legales y fortalecer la supervisión y regulación financiera.
La OCDE y el G-20 han dado los primeros pasos en esa dirección y las filtraciones han afeado la imagen de muchas entidades, públicas y privadas, pero las evasiones fiscales siguen estando ahí. También las elusiones fiscales de quienes aprovechan vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria.
@J_L_Gomez
