El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado ayer, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000 más, un golpe duro para la industria que ha unido a los Gobiernos central y catalán en la búsqueda de salidas y en las críticas a la firma automovilística nipona.
Cumpliéndose los peores augurios, el consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, anunció desde Japón la intención de cerrar los tres centros en Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca- a finales de diciembre de este año, mientras que se mantienen las plantas en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535). El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, comunicó a los sindicatos que se ha tomado esta decisión al no ver "ninguna solución viable de futuro" para estas instalaciones, que han ido perdiendo modelos en los últimos años, dejando Zona Franca a un 20% de su capacidad máxima -para unos 200.000 vehículos-.
El cierre afectará a Zona Franca (fábrica de furgonetas), Montcada (estampaciones) y Sant Andreu (suspensiones y bastidores), así como a los centros de I+D, recambios, distribución y compras, también en la Zona Franca, áreas que suman unos 3.000 trabajadores. El impacto sobre el empleo será, sin embargo, mucho mayor, ya que se calcula que otros 20.000 empleos indirectos, según la Generalitat, dependen de estas plantas, incluyendo proveedores y subcontratas de un sector clave en la región, ya que representa el 10% del producto interior bruto y en las fábricas catalanas se producen 1 de cada 5 vehículos ensamblados en España.
Frank Torres, que fuera máximo responsable de Nissan en España y ahora vicepresidente de operaciones en Rusia, pilotará el desmantelamiento y las negociaciones con los sindicatos, relegando al actual director, Genís Alonso. De Ficchy atribuyó la decisión de cerrar al exceso de capacidad de producción del grupo por la caída del mercado de furgonetas, ante las medidas de movilidad adoptadas en muchas ciudades, así como a que Mercedes optara por dejar de producir la Clase-X en la planta de Nissan en mayo de este año.
Tanto los sindicatos como las Administraciones Públicas se rebelaron contra la decisión final de la firma automovilística y rechazaron el argumento utilizado para irse de Barcelona, reivindicando la viabilidad de las plantas y recordando que habían presentado a Nissan un plan para revitalizarlas que suponía ayudas por 100 millones de euros. Según Nissan, ni siquiera las ayudas que estaban dispuestas a poner el Gobierno y la Generalitat permitirían dar un futuro viable a la fábrica.
En este contexto, el secretario de Industria, Raúl Blanco, lamentó el "ataque al corazón industrial de Cataluña" que supone este cierre e insistió en que el Gobierno trabajará para revertir la actual situación, tres advertir de nuevo a Nissan que irse de Barcelona le puede costar más de 1.000 millones de euros.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, avanzó que hará todo lo que esté en sus manos para evitar el cierre y apelado al Gobierno central a sumar esfuerzos y "unidad institucional".
