El ingreso mínimo vital (IMV), el subsidio con la que el Estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre un importe mínimo de los 461 euros y algo menos de 1.100 euros, según adelantaba ayer el titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. En una entrevista que publicaa ayer El Periódico, el ministro explica que este ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas. El Gobierno se plantea que, en primera instancia, este subsidio llegue a los hogares que tengan un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.
Esa cifra, según precisa, "se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española". "Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda", agrega.
Según relata Escrivá, el acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio "por debajo de un umbral" que el Gobierno va a fijar "para cada una de las catorce tipologías" que definirá, "sin tener en cuenta la vivienda habitual" de estas personas, puntualiza. "Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso", indica.
Un tope de patrimonio
El ministro adelanta que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. "Será menor", indicó Escrivá sin avanzar la cuantía.
Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro explica que, inicialmente, "para un solo adulto será la equivalente a la de quienes cobran la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas". "Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental", remarca.
A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, informa José Luis Escrivá, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, "con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80 por ciento son mujeres", puntualiza el ministro.
Un alto número de beneficiarios son personas de origen extranjero
La implantación de esta prestación, según indica el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, obligará a su vez a las comunidades autónomas "a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado".
El ministro incide en que "un porcentaje significativo de beneficiarios" del nuevo ingreso "será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones".
Según las previsiones que tiene el Gobierno para comenzar a pagar esta renta, "en junio podrían cobrar quienes se beneficien del pago de oficio".
El Gobierno, en la búsqueda de la implicación del sector privado, creará también el llamado "sello social", dirigido a "empresas que ayuden a encontrar empleo" a los perceptores de este ingreso mínimo vital, cuya implantación supondrá un coste para el estado de unos 3.000 millones.
Escrivá afirma que "nunca" entendió "que existieran" diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias para el diseño del ingreso, y respecto al acuerdo alcanzado con la formación vasca Bildu para la derogación de la reforma laboral señala que "el compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado".n
