Los accionistas minoritarios de la demanda confían en una condena pero lamentan que cobrarán 10 años después
El 2 de diciembre empezará el juicio por la quiebra de Pescanova y la previsión es que dure cuatro meses, hasta el 26 de marzo, en una vista con 31 imputados (19 personas físicas y 12 personas jurídicas) encabezados por Manuel Fernández de Sousa-Faro y Alfonso Paz Andrade, parte del consejo de administración y de la cúpula de la compañía viguesa, así como el auditor BDO por un total de ocho delitos (falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor). La vista será en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a donde van las marcocausas.
El abogado de accionistas minoritarios que perdieron sus ahorros con Pescanova Joaquín Yvancos aseguró que apenas un 20% de los afectados han llegado hasta esta fase final. Confía en que se les resarcirá pero "llevamos ya 7 años y con apelaciones y todo aún faltarán un par de años más, así que cobrarán su dinero una década después siendo optimistas", señala. Prevé que si en marzo de 2020 queda visto para sentencia la sentencia se pueda conocer en verano.
Manuel Fernández se enfrenta a una petición de penas de 32 años de cárcel y multas por 22 millones de euros, su hijo Pablo Fernández Andrade a 13,6 años y su hermano Fernando Fernández de Sousa-Faro a otros 10,6 años, así como su mujer Rosario Andrade a 6 años. Mientras, Alfonso Paz Andrade, entonces consejero delegado, lo hace a una petición de 12,6 años y 3,8 millones de multas.
Pero también hay peticiones millonarias de multas para las compañías implicadas como los 261 millones por delito de estafa que se piden para Pescanova SA, así como responsabilidades civiles, entre las que están 52 millones para indemnizar a Luxempart o 40 millones para Corporación Damm, ambos en el consejo. Los bancos también piden indemnizaciones como Bankia 19,9 millones, Ubi Banca 18,9 millones o Banco Espirito Santo 47,9 millones.
El auto de apertura de juicio oral señala que la investigación ha permitido determinar que la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera, la obtención de financiación de los bancos mediante la concesión de créditos documentarlos y mediante el descuento de facturas con base en ambos casos en operaciones inexistentes o simuladas circunstancias que era ocultada a los bancos, precisa.
El auto de apertura de juicio oral archiva de forma provisional la causa respecto al miembro del consejo Robert Albert Williams porque no compareció a declarar a pesar de la comisión rogatoria remitida a la República de Sudáfrica en 2014.
El abogado de accionistas minoritarios que perdieron sus ahorros con Pescanova Joaquín Yvancos aseguró que apenas un 20% de los afectados han llegado hasta esta fase final. Confía en que se les resarcirá pero "llevamos ya 7 años y con apelaciones y todo aún faltarán un par de años más, así que cobrarán su dinero una década después siendo optimistas", señala. Prevé que si en marzo de 2020 queda visto para sentencia la sentencia se pueda conocer en verano.
Manuel Fernández se enfrenta a una petición de penas de 32 años de cárcel y multas por 22 millones de euros, su hijo Pablo Fernández Andrade a 13,6 años y su hermano Fernando Fernández de Sousa-Faro a otros 10,6 años, así como su mujer Rosario Andrade a 6 años. Mientras, Alfonso Paz Andrade, entonces consejero delegado, lo hace a una petición de 12,6 años y 3,8 millones de multas.
Pero también hay peticiones millonarias de multas para las compañías implicadas como los 261 millones por delito de estafa que se piden para Pescanova SA, así como responsabilidades civiles, entre las que están 52 millones para indemnizar a Luxempart o 40 millones para Corporación Damm, ambos en el consejo. Los bancos también piden indemnizaciones como Bankia 19,9 millones, Ubi Banca 18,9 millones o Banco Espirito Santo 47,9 millones.
El auto de apertura de juicio oral señala que la investigación ha permitido determinar que la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera, la obtención de financiación de los bancos mediante la concesión de créditos documentarlos y mediante el descuento de facturas con base en ambos casos en operaciones inexistentes o simuladas circunstancias que era ocultada a los bancos, precisa.
El auto de apertura de juicio oral archiva de forma provisional la causa respecto al miembro del consejo Robert Albert Williams porque no compareció a declarar a pesar de la comisión rogatoria remitida a la República de Sudáfrica en 2014.
